Los ayuntamientos que soñaban con nuevos barrios erigidos sobre los raíles por los que circula el tren, con el fin de la división de la ciudad por culpa de las vías y hasta con un AVE subterráneo tendrán que esperar unos cuantos años más. El Plan de Infraestructuras y Transporte (Pitvi) aprobado casi a la vez que los Presupuestos Generales desvincula la participación del Estado de la decena larga de obras de soterramiento que pululan por España, delegando su costosísima financiación en consistorios y gobiernos autonómicos. El Pitvi entiende que el divorcio llegará hasta 2024, horizonte que establece el plan, si bien es cierto que ninguno de los planes de infraestructuras aprobados anteriormente duran lo que marcan.
“En la última década, la construcción de la red de AVE ha despertado expectativas de actuaciones de integración ferrocarril-ciudad que se han generalizado en gran número de ciudades”, dice el Pitvi, antes de advertir que “es necesario replantear las obras, dada su inviabilidad económica”. En efecto, un número nada desdeñable de urbes españolas –Girona, Valladolid, Gijón, Granada, León, Palencia, Logroño, Murcia, Ourense, Almería, Alicante, Zaragoza, etcétera- hace tiempo que abrazan proyectos para soterrar sus vías. El Pitvi y la realidad les arrojan ahora un jarro de agua fría: “Estas obras son de carácter urbanístico, por lo que deberán ser asumidas directamente por las Administraciones locales y autonómicas competentes en materia de urbanismo”.
Para desarrollar estos proyectos, el Estado pasa por ser un actor clave, bien participando junto a los ayuntamientos en sociedades integradas de Alta Velocidad a través de Adif (para cofinanciar las obras), bien cediendo los terrenos de las vías de tren a promotores inmobiliarios para recaudar. La segunda opción, adoptada en ciudades como Valladolid, es hoy una salida inútil por la crisis que atraviesa el ladrillo.
Las ciudades, sin recursos para obras de semejante calado, compartirán ahora un futuro sin soterramiento.
La de la capital castellana, que cuenta con AVE desde diciembre de 2007, es una actuación que requeriría como poco 600 millones, de acuerdo con las pretensiones del alcalde, Francisco Javier León de la Riva (PP), hace un año. De hecho, Valladolid adjudicó al célebre arquitecto Richard Rogers el diseño de los nuevos barrios que se levantarían sobre los antiguos raíles y ha trasladado los talleres de Renfe a las afueras de la ciudad. Otros regidores entienden que la coyuntura actual hace inasumible tales propósitos, como el almeriense Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP): “Ahora mismo el Ministerio de Fomento no está en condiciones de aportar 250 millones de euros [necesarios para el soterramiento en Almería] para una obra, ni aquí ni en Vladivostok”, declaró hace días.
Otros, en cambio, no lo tienen tan claro. El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, estudia denunciar al Estado por no soterrar el tren convencional ni derribar el viaducto a su paso por la capital. "El Estado no puede marchar a la francesa dejando deudas pendientes", ha declarado Puigdemont. Las obras del soterramiento difieren mucho de una ciudad a otra. Ahora todas las entidades locales, sin recursos para sacar adelante proyectos de tal envergadura, compartirán un futuro sin soterramiento. A menos a corto plazo.
