Han pasado ya 13 meses desde que empezó a funcionar y su utilidad ha sido prácticamente nula. La que el Gobierno puso en marcha como la gran iniciativa para paliar las consecuencias de los desahucios en España no está solucionando nada. El Fondo Social de Vivienda (FSV), que se nutrió a principios de 2013 de un total de 6.000 viviendas de la banca, sigue sin adjudicar viviendas a un ritmo mínimamente aceptable porque las condiciones impuestas por el Ejecutivo para acceder a ellas son casi imposibles de cumplir.
Ante esta situación, el Ejecutivo va a cambiar de manera inminente las condiciones para las familias que se han quedado sin vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca, según confirman a Vozpópuli fuentes del sector. Si hasta ahora era necesario, por ejemplo, que la familia tuviera un hijo menor de tres años, a partir de ahora será suficiente con que sean menores de edad. También podrán quedar bajo el paraguas del FSV los hogares en los que el titular esté en paro, sin necesidad (como ocurre ahora) de que haya agotado las prestaciones. Será igualmente accesible para personas mayores de 65 años y avalistas que hayan asumido las deudas de sus hijos, así como en otras circunstancias de extrema vulnerabilidad que valoren las propias entidades financieras.
Además, como gran novedad se permitirá que las personas que hayan sido desahuciadas o hayan accedido a una dación en pago pero no hayan sido desalojadas puedan quedarse en sus viviendas con un alquiler social. Esta circunstancia supondría elevar el número de viviendas puestas a disposición del FSV por parte de la banca y que las familias no tengan que abandonar su hogar y esperar a que les adjudiquen otro.
La decisión del Ejecutivo viene en buena parte impulsada por las continuas quejas recibidas por parte de la banca, que argumenta que cedió las viviendas e invirtió en su acondicionamiento para que ahora estén cerradas y en muchos casos ocupadas, con el desgaste que eso supone para su imagen. Además de la pérdida de ingresos.
Las propias entidades reconocen que no han recibido la avalancha de peticiones que se esperaba. Ya desde el principio vieron que las condiciones que se habían puesto (sobre todo por las prisas del Gobierno, dicen, para poner en marcha esta iniciativa) dejaban fuera a la práctica mayoría de los afectados. Pero con el tiempo han visto, además, que ha faltado una labor de información de este Fondo. Las ONG, que en muchos casos son las que ayudan a las familias en riesgo de exclusión social, desconocen el funcionamiento de este instrumento y confunden el alquiler social puro con el acceso a una vivienda del FSV.
