Ayer se presentó el estudio “Pensiones: una reforma medular”, patrocinado por la Fundación de Estudios Financieros y el Círculo de Empresarios. En dicho evento participó la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que puso de manifiesto tanto los avances en materia de previsión como los beneficios de la reforma laboral. Sin embargo, en el evento había muchos miembros de entidades de gestión de activos que tenían un indisimulado enfado por las recientes subidas de cotizaciones sociales, que afectan a los planes de empleo. Mónica Oriol, presidenta del círculo, le pidió valentía a la ministra, hecho que se interpretó como un llamamiento a eliminar las trabas a los planes privados.
El informe ha sido dirigido por el gurú de las pensiones, José Antonio Herce, profesor de Economía de la UAM y socio de AFI. Los miembros presentes en el acto, especialmente aquellos pertenecientes a gestoras de fondos, coincidieron plenamente con las palabras de Oriol: los planes de empleo deben ser potenciados, no penalizados, como ha ocurrido recientemente tras la reforma, a finales del pasado año, de ciertas medidas de contribución a la Seguridad Social, que incluye entre otras cosas, las aportaciones a los planes de Empleo.
Una medida hecha casi con nocturnidad (22 de diciembre) y que ha puesto poco menos que en pie de guerra a empresarios, que por un lado sufren más carga impositiva y por otro, ven que los empleados tendrán menos ingresos, por lo que la pretendida recuperación del consumo es de nuevo presionada.
Para pagar la pública
Lo curioso es que esta subida de la presión de los impuestos llega para disponer de más recursos para las pensiones públicas.
En el evento, todos los ponentes se mostraron partidarios de un sistema mixto, en el que el peso de los planes privados crezca y, además, se impulse el modelo de capitalización. Algo complejo, ya que eso supone aportaciones a una cuenta personal, que permita decidir a cada partícipe cuánto aporta. La implantación de este modelo en España es una de las grandes incógnitas.
En este sentido, Báñez anunció que este año los mayores de 50 años podrán acceder a la información de su pensión pública futura y en tres años, la totalidad de los beneficiarios. Asimismo, puso en valor los recientes cambios normativos, que destinan el presupuesto de la Seguridad Social sólo a pensiones contributivas, pasando a depender las no contributivas de los Presupuestos Generales del Estado.
Oriol le solicitó una nueva reforma laboral, ya que el sistema de pensiones requeriría continuas adaptaciones. La ministra le contestó que la reforma ya está hecha y quedan flecos por ajustar.
Las conclusiones del estudio reclaman la reinvención del sistema de Seguridad Social. “Es preciso crear la institución del Siglo XXI”, dijeron en varias ocasiones. Es precisa “una transición hacia un sistema mixto”, y en este sentido hay mucho terreno que recorrer. España sólo tiene un 7,8% de su PIB en fondos de pensiones (página 52 del informe), por encima de Francia, Alemania o Italia, eso sí, pero a años luz de Países Bajos, Islandia o Suiza.
