La ley 45/2002 de 12 de diciembre de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección del desempleo y mejora de la ocupabilidad ha sido una más de las decenas de modificaciones que se han llevado a cabo en España en los últimos años que afectan al mercado laboral. En su disposición transitoria cuarta, este texto legislativo establece la regulación del abono de la prestación por desempleo de nivel contributivo en su modalidad de pago único, total o parcial para incorporarse como socios trabajadores o de trabajo de cooperativas y sociedades laborales o para convertirse en trabajadores autónomos. Permite también subvencionar el coste de la cotización a la Seguridad Social con el importe de la prestación por desempleo.

Apenas tres años después, en noviembre de 2005, se llevó a cabo una modificación de esta disposición, sobre la base de la línea marcada por la Estrategia Europea de Empleo para ”promover el autoempleo mediante el paso de protección del desempleo a políticas activas de empleo”, incorporando, en opinión del entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, diversas mejoras con el objetivo de incentivar aún más la obtención del propio empleo por los beneficiarios de las prestaciones.

Con las perspectiva que da el tiempo se puede concluir que la incentivación del autoempleo por la vía del cobro en un pago único de las prestaciones que a un desempleado le hubieran correspondido repartir en un plazo máximo de dos años no ha tenido el objetivo deseado. Entre los años 2014 y 2023, se han beneficiado de esta medida un total de 855.953 desempleados, de un total de 36,65 millones de personas que han estado en algún momento registrados en las oficinas del SEPE, lo que equivale a hablar de un 2,33%.

Si exclusivamente se tiene en cuenta a los desempleados que han recibido algún tipo de prestación por desempleo, el divisor se reduce a 22,32 millones y el porcentaje de quienes se decantaron en su momento por el pago único sube hasta el 3,83%. Y si además se consideran únicamente aquellos que han recibido una prestación contributiva (10,88 millones de personas en el último decenio), se eleva hasta el 7,86%.

Relación entre el paro y el pago único

Con los datos estadísticos de los últimos diez años completos del Ministerio de Trabajo se puede observar que la elección del abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único está fuertemente relacionada con el aumento del número de desempleados. En el año 2014, por ejemplo, cuando la legislación cumplía ya doce años en vigor, hubo 154.472 personas que solicitaron el pago único. Representaron el 3,29% del total de desempleados; el 6,07% de los que cobraban algún tipo de prestación y el 11,8% de quienes percibían una prestación contributiva.

Durante los dos años siguientes esta modalidad de cobro del desempleo siguió viviendo sus mejores momentos. En ambos casos, con el número de parados registrados en el antiguo Inem superando los cuatro millones de trabajadores. En 2015 hubo cerca de 143.000 trabajadores que lo solicitaron, idéntico porcentaje al del año anterior, pero el 17% de los que tenían derecho a una prestación contributiva. 

A partir de 2018, con el paro en el entorno de los 3,3 millones de personas, cobraron el desempleo en una sola paga 79.000 personas y un año después, menos de 69.000. El Ministerio de Trabajo calcula los datos anuales consolidando los datos mensuales correspondientes a beneficiarios que capitalizan parcialmente y los que la capitalizan total o parcialmente, que aparecen como beneficiarios en más de un mes durante el periodo que reciben la subvención de la cotización del trabajador a la Seguridad Social.

Las últimas cifras completas corresponden al ejercicio 2023, en el que la estadística del ministerio recoge a 49.486 personas, que representan el 1,77% del total de parados y apenas el 6,86% de los que tenían derecho a percibir una prestación contributiva. Como se puede observar, entre los años 2014 y 2023 se ha producido un descenso del 68%, mientras el paro ha disminuido en cerca de 1,9 millones de personas, un 40,4%, y el número de perceptores con derecho a una prestación contributiva, se ha reducido un 45%.

Del año en curso únicamente hay cifras del primer trimestre. El número de personas acogidas al sistema de capitalización ha ascendido a 24.190, lo que supone un descenso del 3,8% en relación con el mismo periodo del año anterior. Los números apuntan a un nuevo descenso anual, máxime cuando España está marcando mes tras mes récord de personas ocupadas.

En la actualidad, el 84% de las personas que se acogen al sistema de pago único lo hacen para constituirse en trabajador autónomo; el 8,16%, para integrarse en una sociedad mercantil; un 6,5%, para ser socio trabajador en una cooperativa, y el resto para irse a una sociedad laboral. En el año 2014, el 95% eligió convertirse en trabajador por cuenta propia.

El número medio de días capitalizado por trabajador ha ido aumentado con el paso de los años. En 2014 fue de 166; en 2018, subió a 245, y el pasado año alcanzó los 298 días. El importe líquido recibido por trabajador, que en 2014 fue de 4.685 euros, se elevó el pasado año a 9.927 euros. 

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