Francisco González tendrá que pagar de su propio bolsillo el coste de su defensa en el conocido como caso Villarejo si fuera condenado.
El expresidente de BBVA ha sido imputado en la causa seguida en la Audiencia Nacional en la que se investiga presuntos pagos del banco al excomisario José Manuel Villarejo, quien supuestamente espió a empresarios, políticos y periodistas.
Los espionajes se habrían producido a partir del año 2004, a raíz del intento de la constructora Sacyr de tomar el control de BBVA. La Fiscalía Anticorrupción solicitó el miércoles al juez Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, la imputación de Francisco González por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Francisco González está representado por el despacho Baker McKenzie
El consejo de administración del segundo mayor banco español cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre el precio de litigios como el que afronta ahora González, al igual que ocurre en la mayoría de las entidades financieras del país.
Dos fuentes cercanas a Francisco González, representado por el despacho Baker McKenzie, explican que el exbanquero tendría que asumir el coste de los abogados contratados si finalmente fuera condenado, así como la cantidad de la fianza que le pudiera ser impuesta por el magistrado, tal y como contemplan este tipo de contratos.
Desde BBVA se indicó ayer a Vozpópuli que, "como es habitual en grandes empresas", la entidad cuenta con una póliza de seguros que cubre "los gastos de defensa de directivos y exdirectivos", y se subrayó que el banco "no cubre los gastos de defensa, lo hace la compañía de seguros".
En el supuesto de que González fuera condenado en el caso Villarejo, se activarán cláusulas contempladas en retribuciones variables pendientes de pago al expresidente del grupo. González podría ver retenida una remuneración superior a los tres millones de euros, aproximadamente, pero no los casi 80 millones de pensión que ya pudo cobrar al abandonar la presidencia del banco.
En el año 2009 el consejo de administración de BBVA determinó los derechos de pensión que correspondían a González, al haber cumplido este los 65 años de edad. Los 79,7 millones que le pertenecían, se externalizaron en una póliza de seguro cuyas prestaciones no podrían ser recibidas hasta que cesara como presidente de la entidad (lo que ocurrió el 31 de diciembre de 2018).
