El Ejecutivo ha comunicado a sindicatos y empresarios las cifras reales de fraude en el paro y la Seguridad Social. Y los números del Gobierno contradicen flagrantemente a los que defiende la Vicepresidenta del Gobierno. Según la información oficial presentada al Observatorio estatal de lucha contra el Fraude a la Seguridad Social, hay que bucear hasta el séptimo decimal para encontrar el tamaño de fraude de los desempleados a la Seguridad Social. En total, el volumen de fondos defraudados suma 458 millones de euros, el 0,0000003% del total.
Empleo afirma que uno de cada 1.000 parados defrauda frente al uno de cada 10 que sostiene Vicepresidencia
Según las cifras de Empleo, en 2012 se han abierto 26.000 inspecciones por sospechas de fraude de las que finalmente se han sustanciado 6.000 expedientes que afectan a 11.000 trabajadores y empresas. En total, el volumen defraudado es de unos 400 millones, de los más de 31.700 millones que gestionan anualmente el Servicio Público de Empleo y la Seguridad de Empleo. Con las cifras comunicadas por el Ejecutivo a los agentes sociales en la mano, los parados que defraudan resultan ser 6.000 de los 5.904.700 o los que es lo mismo, uno por cada mil parados aproximadamente.
En lo que llevamos de 2013, esas cifras se han mantenido muy estables. El número infracciones suma ya las 2.700 empresas y a 4.600 empleados. La suma total del fraude es de 187 millones de euros. Sin embargo, la Vicepresidenta del Ejecutivo aseguró hace unas semanas que este año se había detectado a 520.000 defraudadores y se ha negado a rectirficar una cifra que implicaba que en torno a uno de cada diez parados había incurrido en un fraude para cobrar subsidios indebidos, frente al uno por mil que reflejan las estadísticas oficiales entregadas por el Gobierno a los agentes sociales.
Un inspector por cada 1.500 empresas
Sindicatos y empresarios han mostrado su malestar al Ejecutivo por las declaraciones de la número dos del Gobierno, un malestar que se ha acrecentado --según afirman-- al conocer los datos oficiales del propio Ejecutivo.
Los sindicatos han criticado la falta de Inspectores de Trabajo y denuncian que, con las cifras del observatorio en la mano, cada inspector tiene que revisar 1.500 empresas cada uno. La plantilla de la Inspección de Trabajo en plena crisis llega dos años prácticamente congelada. El número de inspectores nuevos en los últimos dos años es de 19.
Según el Secretario Confederal de Protección Social de CC.OO., Carlos Bravo, tampoco el número de empresas defraudadoras se ajusta al retrato hecho por el Gobierno. En total, según los datos que ha transmitido a las organizaciones sindicales el propio Gobierno, este año se ha actuado sobre 2.514 empresas y se han desmantelado 986 que se consideraban "ficticias". "Aún compartiendo la importancia de haber anulado esas empresas y haber conseguido con ello evitar un acceso futuro fraudulento a prestaciones de Seguridad Social, este dato no representa más que el 0,06% del total de empresas con trabajadores a cargo que desarrollan actividad en nuestro país", concluye Bravo.
