Bruselas ya no discute el rescate de la banca española en términos de “si ocurrirá” sino de “cuándo ocurrirá”. Y podría ser en las próximas horas porque lo que la Comisión Europea debate a estas alturas son las condiciones que se pondrán al Gobierno Rajoy a cambio de desbloquear los fondos para lo que fuentes comunitarias bautizan como un “programa precautorio” para sanear el sistema financiero español. Según las fuentes comunitarias consultadas, esas condiciones no exigirán más austeridad al Gobierno pero sí más controles a la banca.
El pliego de condiciones se recogerá en lo que la Comisión denomina MoU (Memorandum of Understanding) y dará acceso a una línea de crédito abierta durante tres años con un plazo de madurez de 15 años y cuya cuantía está todavía por determinar. Según fuentes comunitarias, hay dos alternativas sobre la mesa: la que pretende cubrir estrictamente las necesidades de capital de la banca española (unos 40.000 millones según las estimaciones del FMI) y la que opta por abrir una vía mayor que para evitar futuras ampliaciones y que tienen ya una redacción idéntica a la que se ha usado en casos anteriores en la que sólo falta fijar una cuantía.
Ese MoU incluirá un resumen de las medidas de austeridad que el Gobierno ya ha adoptado pero, sobre todo, exigirá tres nuevos compromisos al sector financiero antes de futuros desembolsos:
- El sometimiento a auditorías externas, un proceso que ya está en marcha y que concluirá el próximo 31 de julio con una reunión entre el BCE y el FMI con los auditores de todas las entidades para revisar el estado de sus carteras de crédito.
- La presentación de “un modelo de negocio sostenible” que garantice que las inyecciones que reciban a través del FROB no se pierden
- Y la elevación de los niveles de provisiones, algo que el Ejecutivo ya se ha mostrado dispuesto a exigir y que el sector bancario ha bautizado ya como el “Plan Guindos 3”.
Las ayudas darán poder al BCE y al FMI
A cambio de esos compromisos por parte de los bancos que soliciten inyecciones de capital europeo a través del FROB, los organismos internacionales adquirirán poderes que permiten hablar de una “intervención blanda” del sistema financiero.
Para empezar, la concesión de las ayudas otorgará al BCE derecho de veto en el mecanismo que servirá para distribuirlas. Eso significa que el Banco Central Europeo tendrá derecho de veto sobre las inyecciones de fondos que se hagan a través del FROB a través de un comité de revisión de exigirá informes periódicos de la evolución del sistema financiero español.
Además, los organismos internacionales adquirirán poderes de fiscalización del sistema financiero español que –hasta ahora—estaban reservados al Banco de España. Según los esquemas que ya han aplicado los sistemas de rescate anteriores, los organismos internacionales podrán exigir a la banca española sus balances agregados y sus evoluciones de negocio mensualmente.
Los plazos con los que juega la UE pretenden que los fondos estén disponibles a partir del 1 de agosto, un día después de que el FMI y el BCE se reúnan en Madrid con el Banco de España y revisen las carteras de crédito de los bancos españoles. Para cumplir con esos planes, el Ejecutivo debería haber accedido a cumplir las condiciones que le impongan los organismos internacionales, al menos, 14 días antes.
