Mariano Rajoy señaló este miércoles que confía en que el Tribunal Constitucional dé la razón al Gobierno tras haber admitido a trámite el recurso presentado contra la eliminación, las pasadas Navidades, de la paga extra de los funcionarios. “Espero que no tenga que quitarle nunca más la paga extraordinaria a nadie, se hizo porque en aquel momento no había más remedio”, se justificó el presidente, molesto con las críticas que cuestionan su voluntad de meter la tijera en la administración pública.
"Espero que no tenga que quitarle nunca más la paga extraordinaria a nadie", dijo en La Moncloa Mariano Rajoy
Para seguir quitando los michelines al sector público, el Gobierno “ha elegido la vaselina”, aseguran fuentes gubernamentales, y ha renunciado a medidas, como sería la supresión de otra paga extra, que le hubieran acarreado un altísimo coste político. Vaselina de mucha densidad compartida con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, porque ha supuesto acabar con el 10,68% del empleo público desde el primer trimestre de 2011, secuencia que ha llevado a que España tenga en estos momentos 2.845.800 trabajadores en las tres administraciones, apenas 14.000 más que en el primer trimestre de 2005. En realidad, la crisis ha destruido en dos años todo el empleo público creado en la fase expansiva del ciclo.
La reforma laboral ha permitido que en los ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos, los contratados laborales dejen de tener el mismo estatus que los funcionarios y empiecen a estar sujetos a unas condiciones laborales muy similares a las del sector privado. Al recorte de estas plantillas se ha sumado la de los interinos, la tasa de reposición cero y la amortización de las jubilaciones. En total, según la EPA, son cerca de 350.000 los empleos públicos destruidos mediante estas vías, ahorro que ha influido en la rebaja de las correspondientes partidas presupuestarias.
Las recomendaciones de la Comisión Europea para España conocidas este miércoles inciden también en la necesidad de seguir reduciendo el gasto público, por lo que los despidos continuarán en las tres administraciones, lejos todavía de encarar un ajuste similar al que se ha registrado desde 2008 en el sector privado.
En las tres administraciones trabajan 2.845.800 empleados públicos, después del tijeretazo metido en las plantillas de ministerios, comunidades y ayuntamientos
En este tijeretazo pendiente, tendrán un papel fundamental las empresas públicas, cuya proliferación ha provocado una especie de mitosis instrumental en las comunidades autónomas. En ellas conviven 17 grupos empresariales, en los que también anidan las ineficiencias económicas ya que no se alimentan con ingresos del mercado. Los diferentes gobiernos regionales cobijan todavía más de 1.400 de estas empresas, a las que se suman otras 2.000 en la Administración central que han tomado forma de consorcios o sociedades mercantiles. En este enjambre se llevan la palma Cataluña, Andalucía, Baleares, Galicia y la Comunidad Valenciana, donde el número de sociedades de esta naturaleza no guarda proporción alguna con su población. Según los datos que maneja el Gobierno, en las empresas autonómicas que han cerrado hasta ahora trabajaban cerca de 1.500 empleados, un aperitivo para lo que las espera.
