Según los datos de las memorias de recaudación la Agencia Tributaria, los empleados del sector privado percibieron en 2019 un salario medio de 23.683 euros por su trabajo mientras que los del sector público llegaron a los 36.387 euros. Lo que significa que hay un desfase salarial de casi el 54% (12.704 euros) a favor de los empleados de las Administraciones y que sigue aumentando la brecha entre los asalariados españoles. Sólo en este último año la remuneración media pública creció un 3,3%, más del doble que la del sector privado (1,5%).
La brecha será en 2020 mucho más elevada como consecuencia del aumento de las remuneraciones públicas muy por encima de la inflación (entre un 6% y un 8% en los últimos tres años), y sobre todo por la pandemia, que ha provocado la proliferación de ERTES y despidos sólo en el sector privado, mientras que se prepara otra nueva batería de ERES y salidas en el colectivo de indefinidos con mayores ingresos. La abismal diferencia de sueldos se debe a la aplicación sistemática de las diversas reformas laborales aplicadas exclusivamente en el sector privado, sobre todo la de 2012 que ha permitido una devaluación permanente de los salarios, un aumento de la precarización laboral y una profunda restructuración de las categorías laborales.
Por todo ello, los sueldos públicos, a pesar del descontrol del déficit durante una quincena de años consecutivos, se han quedado fuera del mercado respecto a los que abonan las empresas privadas y de la competitividad que se requiere para generar una mayor productividad en beneficio de la actividad económica. Además, quien ha salido expulsado del mercado privado sólo ha podido volver a trabajar, antes del coronavirus, aceptando peores condiciones salariales mientras que en el sector público, con más empleados ahora que al inicio de la crisis en 2007 (279.000), no se ha producido este efecto.
Desde que la economía empezó a crecer en 2014 sólo han aumentado levemente las nóminas medias privadas como consecuencia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Por ejemplo, el alza en 2018 fue del 2,1% en el sector privado frente al 1,6% en el público. Pero, en los demás años la vuelta al crecimiento del PIB ha sido utilizada por los gobiernos para aumentar la brecha entre estos dos colectivos ya que en 2015 y 2016 los sueldos medios públicos crecieron un 1,1% y 2,8% frente al 0,3% y 0,4% respectivamente en las empresas privadas. Es decir, el crecimiento de la economía hasta 2019 sólo ha servido para que los salarios de los empleados de las Administraciones, y de los políticos, recuperen el ritmo de años anteriores. De esta forma, el diferencial entre la renta media pública en términos nominales (30.677 euros) y la del asalariado privado (21.952 euros) era de casi el 40% cuando comenzó la crisis de 2007, y ahora es de 14 puntos más (ese 54%).
Una brecha récord
En todo caso, la brecha de 2019 es la más alta desde que hay series estadísticas (1995). Curiosamente, en 2001, el año previo a la realización de las más de 2.000 transferencias que el Estado realizó a las autonomías en 2002, se registró la menor diferencia entre estos dos salarios (33,7%). Desde entonces no ha parado de crecer, sobre todo en los años posteriores a las reformas laborales más importantes. Así, en 2013, es decir, en el primer año de aplicación de la reforma que entró en vigor a finales de 2012, los salarios medios de las empresas privadas sufrieron una contracción de casi un punto mientras que los públicos se incrementaron en casi cuatro puntos. La brecha ha aumentado también en los años iniciales de la crisis económica a partir de 2007. Llegó al 45% en 2008 y al 48% en 2009 con crecimientos anuales superiores al 9%.
Incluso, cuando Zapatero decidió bajar el sueldo público en 2010 (entre el 5% de forma general y el 10% para los altos cargos) esa diferencia alcanzó el 47% (33.973 euros de salario medio en las Administraciones frente a 23.107 euros en las empresas privadas). En todo caso, que en los años posteriores (2011 a 2015) se produjera la congelación de los sueldos públicos, así como la supresión de una paga extra en 2012 (que luego fue devuelta), no ha servido para reducir esa diferencia salarial que las Administraciones (y los políticos) siempre han justificado por la elevada proporción de empleados públicos con estudios superiores. Pero no se tiene en cuenta el abono de otros pluses, por ejemplo, el de antigüedad (sólo los ministerios abonan más de 1.000 millones de euros anuales en trienios) que perciben estos empleados como consecuencia de la seguridad en el empleo y de la no aplicación de las reformas laborales mientras que en el sector privado han dejado de abonarse porque perjudica a la competitividad según la CEOE.
En términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la inflación producida, los salarios medios públicos han crecido desde 2007 a 2019 un 18,6% (de 30.677 a 36.387 euros, unos 5.700 euros más). Mientras tanto, en el sector privado el incremento es del 7,9%, es decir, menos de la mitad que el público, ya que ha pasado de 21.952 a 23.683 euros (unos 1.700 euros más) en estos trece ejercicios. Si le aplicamos la inflación en este periodo y obtenemos cifras en términos reales para saber si ha habido pérdida de poder adquisitivo, sale que esos 30.677 euros de sueldo medio público en 2007 equivalen a 35.340 euros frente a los 36.387 registrados en 2019.
Por tanto, los sueldos de las Administraciones han obtenido una mejora de poder de compra del 3% (1.047 euros) en este periodo. Sin embargo, en el sector privado se ha producido una contracción de 6,4 puntos ya que los 21.952 euros nominales de 2007 equivalen a 25.289 con inflación cuando el sueldo medio en 2019 es de 23.683 euros. Por tanto, la diferencia de poder de compra entre el sector público, preocupado ahora por una posible congelación salarial en 2021 cuando se registran una inflación negativa, y el privado, preocupado por la renovación o ampliación de ERTEs y de no perder el empleo a costa de otra nueva reducción los salarios, es de más de nueve puntos en este periodo a favor de los asalariados de las Administraciones.
Si esta comparación la realizamos desde que la economía empezó a crecer en 2014, el resultado que sale en términos reales es el siguiente: el salario público ha ganado cuatro puntos mientras que el privado sólo ha obtenido medio punto. En todas las comparaciones posibles el resultado es el mismo: los empleados públicos han obtenido mejores resultados salariales. Sólo en un caso los trabajadores de las Administraciones pierden poder adquisitivo. Se trata de la comparación salarial media también en términos reales entre 2010 y 2019 (estos años incluyen la reducción salarial, la paga extra suprimida y reintegrada, las congelaciones y los incrementos de los años de crecimiento de la economía). Pierden 2,1 puntos. Sin embargo, la pérdida de los asalariados privados es mucho mayor, llega hasta el 6,1%, es decir, tres veces más.
