La irrupción de un partido político que nace de la reivindicación de la España despoblada, que podría inclinar la balanza a favor del PSOE; la reclamación de barones socialistas de sacar instituciones de la capital, que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez; el ataque del Ejecutivo y de comunidades socialistas a la soberanía fiscal de la Comunidad de Madrid, para obligar a Isabel Díaz Ayuso a subir impuestos... Entre los ideólogos de estas y otras iniciativas, 'banderas' del movimiento de la 'España Vaciada', se encuentran organizaciones e instituciones afines al PSOE. Entre ellas, la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), la Fundación Alternativas y el Consejo Económico y Social (CES).
Desde el PP se interpretan estos movimientos como una ofensiva socialista. De entrada, para contrarrestar el tirón de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La líder madrileña ha salido en tromba contra los anuncios de Sánchez sobre su intención de 'robar' instituciones a Madrid. Tachó la propuesta de "majadería", que sólo serviría para perjudicar "a la gobernabilidad de España y a los funcionarios"; y que, además, no crearía "nada en ninguna otra comunidad". "Si éste es el camino del Gobierno, la Comunidad de Madrid defenderá a sus ciudadanos", ha retado la política del PP.
De cara a las próximas elecciones generales, si populares o PSOE no suman mayoría con Vox y Podemos, la España Vaciada podría ser decisiva. Podría alcanzar hasta 15 escaños, un 'tesoro' que, según asume ya el PP, cedería a la izquierda sin dudarlo. España Vaciada nació como movimiento formado por colectivos y asociaciones rurales en 2019 y se registró como partido político el pasado septiembre, inspirado en Teruel Existe. De momento el adelanto electoral en Castilla y León ha complicado su plan de presentarse en varias provincias.
El papel de Lambán
El escritor Sergio del Molino publicó en 2016 el libro La España vacía. La decantación política de estos postulados, en aras de la descentralización de Madrid, para atajar la despoblación tiene entre sus orígenes al PSOE de Aragón. Su presidente, Javier Lambán, activo defensor de estas causas, ha desvelado recientemente el papel que en ellas ha jugado Funcas. Acompañan a Lambán otros barones socialistas y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Desde el Gobierno de Aragón y el de la Comunidad Valenciana anunciaron a principios de diciembre que preparan con Funcas un congreso en Zaragoza sobre descentralización, que maduran desde 2019. Entonces también apuntaron que la idea de descentralización en concreto partía del economista Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES), al que nombró el Gobierno el pasado abril.
Funcas es una institución privada y sin ánimo de lucro, creada y mantenida por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) desde 1979. Preside el patronato Isidre Fainé. Se define como un think tank dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación, promoviendo la interacción entre la esfera académica y la economía real.
La conexión aragonesa
La vinculación con Aragón y la Universidad de Zaragoza está muy presente en Funcas. Y desde hace unos años, con el PSOE. En la Universidad de Zaragoza estudió su director general desde 2011, Carlos Ocaña, secretario General de Presupuestos y Gastos entre 2004 y 2006, y secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos entre 2006 y 2011, en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Félix Lobo, director General de Productos Farmacéuticos y Aparatos Médicos del Ministerio de Sanidad entre 1982 y 1988 con Felipe González y presidente de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (2005-2008) con Zapatero, se ocupa de Economía de la Salud.
También está ligado a la Universidad de Zaragoza Eduardo Bandrés, de la que es catedrático de Economía Aplicada desde 1996, director de Economía Pública y Bienestar de Funcas y editor de la revista Cuadernos de Información Económica. Bandrés es autor, junto con Vanessa Azón, del estudio de Funcas 'La despoblación de la España interior', semilla académica del movimiento España Vaciada, publicado en febrero. El informe concluye que en 1950, 23 provincias acumulaban el 34,1% de la población, generaban el 26,7% del valor añadido bruto y suponían el 33,5% del empleo del país, y siete décadas después, estas variables representan el 18,1% de población y el 17% del empleo y aportan un 16,1% del valor añadido bruto. En sus páginas no se hacen recomendaciones, pero se pone encima de la mesa la necesidad de hacer políticas distintas.
Reforma fiscal
También está vinculado a Funcas y Aragón Alain Cuenca, que estudió en la Universidad de Zaragoza, en la que ha sido profesor, y ha sido director General de Economía en el Gobierno de Aragón (1999-2004). Cuenca fue director de Economía Pública en Funcas entre 2012 y 2014. Este profesor de Economía Aplicada representó a Aragón en 2017 entre los expertos para la reforma de la financiación autonómica que intentó realizar Cristóbal Montoro. En 2018, fue nombrado director del Instituto de Estudios Fiscales por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con cargo de director general, y ha sido responsable de financiación autonómica y local en el Ministerio de Economía y Hacienda, también director general en el escalafón, durante la segunda legislatura de Zapatero. Entre 2004 y 2005, fue jefe de Gabinete de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda, y entre 2005 y 2008, director General de Coordinación Financiera con Entidades Locales.
Cuenca es secretario del comité de expertos que asesora a Montero para la reforma fiscal. Los comités son gestionados por su presidente y su secretario y en este caso ambos tienen lazos con el PSOE. Lo preside Jesús Ruiz-Huerta, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Fue director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) entre 2004 y 2008, a propuesta de Pedro Solbes. Ruiz-Huerta dirige el Laboratorio de la Fundación Alternativas, vinculada al PSOE.
Entre los objetivos del comité de expertos que ha marcado la ministra de Hacienda, se encuentra la armonización al alza de Sucesiones y Donaciones y Patrimonio. El objetivo: que Madrid, a la que acusa a dumping fiscal, se vea obligada a subirlos. Como informó Vozpópuli, algunos de los miembros del comité de expertos se plantean abandonarlo porque sienten que escriben al dictado de Hacienda. Ya se ha ido el catedrático Ignacio Zubiri.
