El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, desoyó a asesores legales y de comunicación cuando decidió, la pasada semana, el 25 de mayo, el envío por parte de la multinacional energética española de un comunicado al regulador del mercado español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el caso Villarejo.
En el mismo, la compañía informaba de la decisión adoptada "de poner a los administradores y empleados de la Sociedad" a disposición del juzgado que investiga el caso Villarejo, el Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, habiendo comunicado dicha decisión al referido
Juzgado.
Tras varios días publicándose informaciones de las que se inferiría que, más tarde o más pronto, el presidente de Iberdrola será imputado en el caso Villarejo, al igual que lo han sido otros pesos pesados del Ibex-35, como Isidro Fainé o Antonio Brufau, Galán decidió dar un paso al frente. Pero en opinión de algunos de sus asesores, no fue una decisión correcta.
La decisión de enviar el comunicado fue "una especie de arrebato, entrar al juego", dicen fuentes cercanas a los asesores
La multinacional española contrató a finales de 2019 a seis de los mayores despachos de abogados presentes en España para defenderse del caso Villarejo: González Franco Abogados, Garrigues, Baker McKenzie, CMS Albiñana, Uría y Business & Law, además de gabinetes externos de comunicación.
La decisión de enviar el comunicado a la CNMV sobre el caso Villarejo fue "una especie de arrebato", comentan las fuentes consultadas por este diario, cercanas a los asesores de Iberdrola. "Era entrar al juego", resumen. El comunicado podría dar la impresión de que la compañía se estaba adelantando a una próxima imputación de parte de su cúpula, incluido el presidente: excusatio non petita, accusatio manifesta.
"Todos los ciudadanos estamos a disposición de la Justicia", comentan las fuentes consultadas, incidiendo en esa misma consideración. También critican el conducto seguido para dar cuenta de la posición de Iberdrola ante el caso Villarejo. "El canal de la CNMV no era el adecuado, podría haberse enviado un comunicado de prensa en lugar de acudir al regulador del mercado", señalan.
Según el comunicado a la CNMV de Iberdrola, la decisión de ponerse a disposición de la Justicia fue tomada el mismo día 25 de mayo por la Comisión Ejecutiva Delegada del Consejo de Administración de Iberdrola.
No fue un arrebato, fue la valentía del inocente", defienden fuentes cercanas a Iberdrola
Dicha comisión está compuesta por el presidente del grupo y los consejeros Manuel Moreu Moraiz (independiente); Samantha Barber (externa); Juan Manuel González Serna (independiente); Ángel Acebes (independiente); y el secretario del consejo, Julián Martínez-Simancas.
Según los estatutos sociales de Iberdrola, los acuerdos de la Comisión Ejecutiva Delegada se adoptan por mayoría absoluta de votos presentes y representados; en caso de empate, el presidente tiene voto de calidad.
La compañía justificó el envío del comunicado a la CNMV atendiendo al artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. Dicho artículo, referido a la difusión pública por emisores de otra información relevante, establece que las cotizadas comunicarán a la CNMV las informaciones "(...) que consideren necesario, por su especial interés, difundir entre los inversores".
El valor en Bolsa de Iberdrola ha caído durante las sesiones posteriores al envío del comunicado a la CNMV
"Hubo asesores que no estuvieron de acuerdo con el comunicado, y otros que sí, y esta última opción fue mayoritaria" indican a Vozpópuli fuentes cercanas a Iberdrola. "Se pretende evitar que se haga más daño a la compañía", sostienen.
"Es un comunicado inédito, es verdad, por eso ha llamado la atención", comentan estas últimas fuentes consultadas, "pero no es un arrebato, es la valentía del inocente", dicen. Iberdrola "ha colaborado desde el principio con la Justicia por este caso al máximo nivel, se han entregado voluntariamente ordenadores, teléfonos móviles, se ha encargado un forensic a PwC...", aseguran.
La CNMV publicó el comunicado de Iberdrola a las 18 horas del pasado martes 25 de mayo, al cierre de la Bolsa española. Ese día la eléctrica, la segunda mayor compañía española por valor de mercado, tras Inditex, más de 72.400 millones de euros, cerró a 11,5 euros por acción. El miércoles calló a los 11,4 euros por título, y el viernes terminó la semana con un valor de 11,30 euros por acción, tras experimentar una ligera subida, del 0,089%.
Desgaste reputacional
"Iberdrola, en relación con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, lleva sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional", admitió el grupo en el comunicado a la CNMV.
Un exdirectivo del grupo asegura que en 2004 depositó en una notaría pruebas de facturas anómalas sobre pagos a Villarejo
A finales del mes de octubre de 2019 el juez Manuel García Castellón abrió una pieza separada en el caso Villarejo para investigar los trabajos que el excomisario había realizado para el grupo Iberdrola.
Unas semanas después el magistrado imputó a Antonio Asenjo, quien poco antes había sido cesado como responsable de seguridad de la compañía energética, con una indemnización de 1,6 millones de euros.
Figuran como imputados en la actualidad el exnúmero dos de Iberdrola, José Luis San Pedro; el director de Administración y Control, Juan Carlos Rebollo; y el director del departamento de Administración, Pablo Insunza.
También se encuentra imputado José Antonio del Olmo, excontroller de la eléctrica, quien, como ha publicado este diario, ha sido uno de los principales testigos en el caso Villarejo que afecta a Iberdrola.
El exdirectivo de la compañía asegura que en diciembre 2004 depositó en una notaría (del exdiputado del PP Luis Ramallo) un documento bajo el título 'Contabilización de facturas anómalas por la Dirección de Seguridad Corporativa'.
Ese informe apuntaría a una trama de facturas falsas creada para maquillar los pagos de Iberdrola a Cenyt, una de las sociedades de José Manuel Villarejo empleadas aparentemente en espionajes irregulares y chantajes a empresarios.
Del Olmo sostiene que Sánchez Galán conocía la contratación del Grupo Cenyt -propiedad del excomisario Villarejo- y el motivo por el que se requería sus servicios. Iberdrola ha acudido a los juzgados para tratar de tumbar las acusaciones de Del Olmo, como publicó este sábado Vozpópuli.
