El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ultima modificaciones en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en virtud de una transposición de una Directiva que viene a tratar, entre otros aspectos, los derechos de los consumidores. Los cambios tendrán que entrar en vigor el próximo 1 de enero y mantienen en vilo al sector. Garzón pisa otro charco -recordemos su propuesta de semáforo nutricional y sus consejos sobre el volumen de carne que deben comer los españoles-. La industria se muestra muy nerviosa sobre cómo se acabará aprobando la ley.
La primera y más significativa de las modificaciones establece el derecho a que el consumidor pueda reparar su producto en los diez años posteriores a la venta del mismo. Con ello, Garzón pretende luchar contra la obsolescencia programada. Una medida que ha puesto en pie de guerra a la industria. Es el cambio que más temen impacte en su operativa. Hasta ahora estaban obligados a hacerlo en los tres primeros años después de la venta.
"Es algo que nos obligará a almacenar muchísimo stock de piezas para la reparación de equipos. Esto nos obliga a fabricar más componentes, a destinar más espacio para su almacenamiento y aumentar los medios de transporte, dado que la carga se incrementa. Todo esto supone un mayor gasto. En algunos casos hablamos de stock que se degrada con el tiempo, como por ejemplo las baterías de móviles u ordenadores. Muchas de e estas piezas no se utilizarán, y habrá que eliminarlas, lo que no parece que vaya en consonancia con las políticas de sostenibilidad medioambiental", explica un portavoz de un fabricante de tecnología que prefiere mantenerse en el anonimato.
Garzón: devoluciones en dos años
Desde AMETIC (Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales) se muestran muy contrarios a la nueva ley del consumidor. Además de lo antes expuesto, los consumidores podrán devolver un producto por motivo de disconformidad en los dos primeros años después de su compra, algo que se reducía a seis meses en la anterior ley del consumidor. La Directiva proponía entre uno y dos años, pero el Ministerio ha optado por la opción más dura.
"Desde nuestro punto de vista, a pesar de que el objetivo anunciado en esta Directiva es la protección del consumidor y la promoción de la economía circular, la ampliación de los plazos más allá de lo establecido en la directiva se ha realizado sin que haya valorado adecuadamente los posibles beneficios para los consumidores, el incremento de costes para para los productores, que deberán optar entre reducir costes de producción o subir los precios para no dejar de ser competitivos, la conveniencia de aplicar los mismos plazos a todos los productos, realizar un ejercicio de equilibrio entre los diferentes intereses y tener en consideración otros beneficios o perjuicios posibles, como puede ser el impacto medio ambiental", explica la patronal.
Desde el lobby han mantenido reuniones con el Gobierno y prácticamente con todas las formaciones políticas para tratar de que la ley sea más favorable a sus intereses. Fuentes del sector aseguran que cuando se anunciaron los detalles de la ley, el aluvión de llamadas de preocupación realizadas por parte muchos de los asociados a AMETIC fue "histórico". En cuanto al tiempo máximo de reparación, la Unión Europea no ha dado plazos u horquillas temporales concretas, pero desde la patronal de las tecnológicas consideran que se trata de un periodo que no se alinea con el espíritu de la Directiva.
Ametic hace referencia también a cómo la nueva ley puede afectar a la sostenibilidad. "Alargar de forma excesiva los ciclos de vida de los productos implica tener productos más contaminantes y menos eficientes. Asimismo, en la ampliación del plazo no se ha tenido en cuenta la posible demanda que pueda existir de estos repuestos, lo que se traduce en un incremento masivo de residuos que se tendrán que desechar, eliminar o achatarrar".
