El Gobierno va a incluir en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 una revalorización de las pensiones "en función de la previsión del IPC", alza que no detalla pero que conllevará un gasto de 1.439 millones de euros.
El plan presupuestario remitido este jueves por el Gobierno a Bruselas recoge así una subida de las pensiones que podría ser del 0,9% -igual que la de 2020- si se toma como referencia el deflactor del PIB para 2021 incluido en el cuadro macro.
Además de las pensiones, el plan contempla un gasto de 3.000 millones para afrontar el pago del ingreso mínimo vital (IMV), así como de 307 millones para la ampliación del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas, equiparándolo ya completamente con el de maternidad.
El documento recoge además una transferencia del Estado a la Seguridad Social por una cuantía de 13.929 millones de euros, para cubrir, entre otros, parte de los gastos impropios que asumía el sistema.
La intención del Gobierno es culminar el proceso de separación de fuentes de financiación de la protección contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con el objetivo de recuperar el equilibrio financiero en el corto plazo.
El documento plantea completar la legislación actual con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal
La reforma consiste en la asunción por el Estado vía impuestos de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales, lo que limita la capacidad del sistema para afrontar el volumen de gasto en pensiones.
El documento cita como estos gastos impropios las reducciones en la cotización para fomento del empleo, la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, el complemento de pensiones por maternidad, las medidas de apoyo ("subvenciones implícitas") a regímenes especiales para ayudas a sectores o el coste de complementar las lagunas de cotización para el cálculo de la pensión de jubilación.
El objetivo de esta separación es rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema que genera "alarmismo e incertidumbre", lo que permitirá a los agentes sociales adoptar decisiones más adecuadas y afrontar los desafíos de largo plazo, principalmente el envejecimiento poblacional.
Incentivos positivos
Para ello, el documento plantea completar la legislación actual con la utilización de incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, e incentivar la demora en la jubilación al mismo tiempo que se desincentivan las jubilaciones anticipadas.
Respecto a los salarios de los empleados públicos, el documento no detalla si experimentarán algún incremento en 2021, pero señala que el gasto pasará de ser del 12,9% del PIB en 2020 al 12 % en 2021, porque se acaba el acuerdo de subida salarial a tres años (2018-2020).
También porque ante la mejora de la situación sanitaria habrá menores contrataciones de personal en el sistema nacional de salud y otras actividades como investigación, seguridad o limpieza, fundamentalmente en el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales.
