España está ante una verdadera encrucijada económica con una grave situación fiscal. La crisis del coronavirus ha puesto patas arriba cualquier previsión y Moncloa diseña ya subidas de impuestos para financiar no sólo el funcionamiento ordinario del Estado, sino parte de la respuesta a una pandemia cuyos efectos a medio plazo aún están por determinar.
El Banco de España llamaba esta semana a redefinir la política de gasto público, aparcando todo aquello no sea prioritario. El problema es que España debe hacer frente a una situación extraordinaria con una arquitectura de gasto público de cuestionada eficiencia, que los poderes públicos se han resistido sistemáticamente a revisar.
La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) lleva años poniendo la lupa sobre las disfunciones que se llevan por el sumidero millones de euros cada año y que hacen que para conseguir lo mismo que otros países, debamos gastar mucho más dinero.
Un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) cuestionaba la eficacia del gasto público en España y, entre otras cosas, ponía el acento en la proliferación de organismos en el sector público empresarial que funcionan con un laxo control. Entre las buenas prácticas para contener el gasto público, señalaba el "notable proceso de digitalización de su sector público".
Entre las cuestiones que los expertos señalan como factores que lastran la eficiencia del gasto están un plantillas sobredimensionadas en ciertos niveles de la Administración, con abuso de la figura del personal laboral. Desde los primeros procesos de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas, el número de funcionarios creció mucho más de lo que se redujo el de la Administración central.
El año pasado se alcanzó un récord de gasto en empleados públicos del conjunto de las administraciones, con un desembolso de 130.000 millones de euros. A todo eso hay que añadirle los costes de funcionamiento y el coste de haber replicado a nivel autonómico el modelo institucional del Estado y que acaban generando duplicidades. "Deberíamos dar un repaso al todo el proceso de desecentralización para eliminarlas", opina Josep Lladós Masllorens, profesor de Economía en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Este experto fija como prioridades de inversión aquellas acciones "que tienen una mayor rentabilidad económica y social". "No hay que gastar por gastar como hemos hecho en el pasado", añade. "Ahora hay que ir directamente a invertir en aquello que sabemos que nos va a hacer aumentar la productividad o bien a cohesionarnos mejor a nivel social", remata Lladós.
También la expansión de campus públicos universitarios o la profusión de aeropuertos.
En 2012 se puso en marcha una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, que un año más tarde emitió un extenso informe con más de doscientas medidas, muchas de las cuales siguen guardadas en el cajón.
Los expertos también ponen el acento en la falta de control en los procesos de contratación pública, a pesar de los cambios legislativos recientes o las estrategias de compra centralizada.
Existen una serie de gastos fijos como las pensiones, la sanidad, la educación, la Justicia, la seguridad o la defensa, donde cabe redefinir estrategias para mejorar el cómo se gasta.
"Se pueden quitar muchísimas subvenciones que en muchos casos son de índole política; se puede eliminar gasto en publicidad institucional", señala Emilio González, profesor de economía de Comillas-ICADE. "Estamos gastando en cosas que no se necesitan", añade en referencia a la forma en que se diseñan los presupuestos de los diferentes departamentos. "En lugar de hacerlo con las tendencias habituales y de forma incrementalista, necesitas hacer un presupuesto controlado en base a las necesidades", añade.
"Ahora el pago de intereses de la deuda va a suponer entre el 10 y 12% del gasto público total. No nos podemos permitir eso. Estamos en el límite de que en cualquier momento los mercados dejan de confiar en nosotros y nos encontramos en una situación como la de Grecia", remata. Sistema fiscal ineficiente.
En materia de la sobredimensión de la Administración, los expertos apuntan a la gran cantidad de ministerios que existen en un momento con una profunda descentralización de competencias. "Debemos ver si debemos mantener tantos", opina Lladós. Y también comprobar la eficiencia con la que se despliegan las competencias transferidas.
En materia de control, se muestra partidario de "implantar un sistema de análisis coste-beneficio previo a la decisión de las inversiones. Y, posteriormente, siempre en cualquier actuación pública tiene que presentarse una rendición de cuentas; es decir, evaluar los resultados de esa actuación pública", concluye Lladós. "Posiblemente, más que ahorrarnos dinero, lo que vamos a hacer es cambiar las prioridades. Y eso permitirá ser más productivos. En lugar de pensar reducir gasto público -que también- haremos un sistema fiscal mucho más eficiente, con el que atajaremos el déficit sin elevar impuestos", remata.
"Lo que le falta a este país es un sistema de rendición de cuentas".
"No hay cultura de rendir cuentas, de mostrar el balance y el resultado de las actuaciones. Hay economías de nuestro entorno que cuando presentan el programa de inversiones, cuando se aprueba cada una, van acompañados de análisis coste-beneficio, en el cual se presentan alternativas de inversión para demostrar que la inversión es mejor para el país que el resto. Nosotros no lo hacemos. Aquí nos contentamos con poner un techo al límite de déficit público, pero sin exigir que se rinda cuentas sobre el uso de los impuestos y en qué se han gastado. Y esa cultura tiene que avanzar".
