Economía

La Generalitat acelera la oferta de plazas para lanzar una Hacienda independiente

La Agencia Tributaria de Cataluña agiliza las convocatorias de inspectores. Con "cerca de 1.000 empleados", cree estar cerca de poder asumir la recaudación del 100% de los impuestos

  • Pere Aragonès y Salvador Illa.

La Agencia Tributaria de Cataluña tiene ya "cerca de 1.000 empleados" y se acerca a unos niveles que le podrían permitir asumir la recaudación del 100% de los impuestos y caminar hacia su independencia. Así lo trasladan fuentes próximas a la Generalitat en funciones y a ERC, que advierten de que se están "acelerando convocatorias de plazas" de inspectores, técnicos y gestores tributarios para apuntalar los medios de la Agencia catalana y que sea "creíble" su plan de asumir la gestión tributaria y recaudación del 100% de los impuestos.

El pasado 13 de junio sin ir más lejos se han adjudicado cinco puestos de inspectores en Barcelona, uno en Tarragona, uno en Lérida y otro en Girona, un total de ocho inspectores. Cabe recordar que hasta hace un año la Agencia de Cataluña sólo tenía siete inspectores. Este mismo jueves 20 de junio se van a adjudicar puestos de técnico tributario y hay varias convocatorias previstas para los próximos meses y años. "Esto marcha y desde hace unos meses ya no se habla en Hacienda de la tradicional falta de inspectores que llevó a buscar atraer a los del Estado de Aragón y a planear recuperar la escuela de formación de La Caixa", añaden estas fuentes.

El Consorcio que ofrece Salvador Illa les parece insuficiente. El propio Pedro Sánchez recuperó el 21 de diciembre este proyecto para mantener el apoyo de los independentistas. El PSC lo blandió en campaña y ahora estira para la investidura este viejo plan apuntado en el Estatut. Estipula que corresponde a la Generalitat, mediante una Agencia Tributaria, la gestión de los tributos propios y de los tributos totalmente cedidos, y corresponde al Estado la gestión de los tributos cedidos parcialmente, si bien se contempla la posibilidad de delegar funciones en la Generalitat y el establecimiento de una colaboración.

Así lo plantea el artículo 204 del Estatut, que dice que para desarrollar esto, "se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña".

La Agencia Tributaria de Cataluña se creó, como en otras regiones, dedicada a los impuestos cedidos de Patrimonio, Sucesiones e ITP, pero el Consorcio no se ha desarrollado. El plan del PSOE es que se cree una colaboración entre la Agencia estatal y la catalana que calme las expectativas independentistas, pero esto es claramente insuficiente para estos, que aspiran a llevar la voz cantante, a que se pase de un Consorcio a una delegación de funciones y, finalmente, a una agencia independiente.

Como ya recogía el pacto de investidura entre el PSOE y Junts del 9 de noviembre, se negociaría que Cataluña recaude el 100% de sus impuestos, y como también vienen detallando ERC y la Generalitat, en un modelo como el Cupo.

A su vez, Pere Aragonès anunció el 23 de noviembre que había encargado al equipo económico del Govern una propuesta de financiación singular para Cataluña que debería incluir la recaudación de todos los impuestos en Cataluña, que presentó el pasado 20 de marzo en Madrid.

Todo esto vuelve ahora en la negociación de la investidura. Las fuentes citadas subrayan que la cuota de solidaridad que propone ERC es mucho más solidaria que el Cupo vasco. Advierten de que de entrada se quiere ir mucho más lejos del Consorcio porque en el independentismo no se fían de Pedro Sánchez, y apuntan a un cansancio con el actual sistema de financiación, "confuso, complejo" y que creen que "impide cualquier planificación". Admiten que puede ser compartido con el resto de comunidades pero en su caso pueden valerse de su posición de fuerza con Pedro Sánchez para "salirse, apearse del sistema común".

El tercer intento de una Hacienda independiente

En pleno desafío del 1-O de 2017, el Govern intentó reclutar inspectores del Estado para las filas de la Agencia Tributaria de Cataluña como paso previo a independizar el organismo, plan que fracasó por inviable -tenía menos medios que ahora- y que el 155 tumbó.

Una Agencia catalana independiente creada a espaldas del Estado habría costado entre 350 y 500 millones de euros, según los informes que tenía la Generalitat en 2017 que realizó el Consejo de la Transición Nacional y que incorporó el Juzgado número 13 de Barcelona al procedimiento en el que investigaba la organización del referéndum ilegal. Pero se trataba de una Agencia nueva. El Consorcio que se busca ahora no tendría coste de entrada.

Pues bien, lo que ahora pretende la Generalitat para aterrizar su plan es que su Agencia Catalana creciente trabaje con la estatal, cuya Delegación en Cataluña tiene cerca de 300 inspectores y unos 4.000 empleados y lleve la voz cantante. Una vez que este ente "consorciado" funcione, entonces se procedería a que se independizara.

Se trata del tercer intento de trocear la Agencia Tributaria y crear un Cupo catalán. En 2008 hubo un conato. Entonces y ahora la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha advertido de "consecuencias gravísimas" por atentar contra la igualdad de todos los españoles en la Constitución y poner en riesgo la lucha contra el fraude y la eficacia de la gestión y recaudación.

El Estatut abre la puerta

Este plan se asienta además sobre el propio Estatuto de Cataluña de 2006, que le abre la puerta. No sólo en su primera versión del Parlamento de Cataluña más extrema, sino en la que aprobó el Parlamento español y en el texto definitivo tras la sentencia del Tribunal Constitucional.

El texto inicial aprobado por el Parlamento de Cataluña establecía que la Generalitat tenía responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, lo que no salió adelante.

El texto definitivo establece, en línea con la Constitución, que existen tres bloques de tributos: los propios de las comunidades y los estatales cedidos totalmente, como Patrimonio y Sucesiones; los estatales cedidos parcialmente, como el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, respecto de los que el Estado cede a las CCAA un porcentaje, y los tributos estatales no cedidos, como Sociedades, en los que las CCAA no tienen ninguna participación. Las competencias de gestión serían las antes citadas, artículo en el que se desliza la posibilidad del Consorcio.

A esto se añade la alusión al Consorcio y el problema añadido de que en la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña la disposición adicional decimocuarta compromete a la Agencia catalana a convertirse en un futuro en la única Administración Tributaria de Cataluña.

Así pues, se concibe la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña como primer paso para volver a las pretensiones iniciales de lograr una soberanía e independencia fiscal que no está prevista en la Constituciónni en el texto del Estatuto aprobado.

El plan secreto para implantar el cupo catalán "singular"

Estos planes del independentismo se han ido depurando en fondo y forma para ser más eficaces. Su último triunfo, que el Gobierno y el PSOE asuman la "singularidad" de Cataluña. El pasado 20 de marzo Vozpópuli desveló la hoja de ruta secreta que manejaba la Generalitat para conseguir que se apruebe un Cupo como el vasco para Cataluña.

Hablar de una "contribución solidaria", de un "acuerdo concertado", "singular", "diferente", en el que se "huya de los términos desigual y bilateral", en el que se camufle el privilegio, que sea "más difícil interpretar como privilegio".

La guía tiene varios niveles. El del lenguaje y la retórica, el legislativo, y el hacendístico. Además del uso de un neolenguaje orwelliano para intentar que este plan se acabe tolerando, sortear la legalidad y se lleve a cabo, estas directrices presentaban una novedad. 

Desde la Generalitat venían trasladando la fórmula de caminar hacia una Agencia Tributaria consorciada. Pues bien, aquí se fue un paso más lejos y se proponía una "delegación" como objetivo. "La gestión es por delegación. Si es así se supera la idea anterior de Consorcio tributario", planteaba.

Esto implica que se huye de una fórmula mixta en la que haya una Agencia Tributaria con parte estatal y con parte catalana en Cataluña sino que lo que se quiere directamente es que la Generalitat mande y tenga las llaves de la caja, y que el Estado delegue, que la Agencia Tributaria estatal se vaya diluyendo en una delegación.

Este ideario insiste en que es importante destacar los términos "singular" y "diferente", ya que advierte de que "el término desigual en la Constitución es una línea roja, aceptando que sólo puede ser desigual lo que la propia Constitución prevé como tal, y huir del concepto específico (en el sentido de único) o de bilateral. Mejor diferente, que es más difícil interpretar como privilegio, ya que no veta su extensión a terceros".

"Conviene trabajar la hipótesis de que los cambios no afectan a los derechos o deberes de las personas. Son sólo diferencias de recursos entre instituciones", recomendaba. También aconsejaba "evitar protagonismo en la Comisión Mixta para ahorrar indicios de bilateralidad".

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