El juez que instruye la causa sobre un préstamo presuntamente irregular de Caja Madrid a Gerardo Díaz Ferrán ha imputado al entonces comité financiero de la entidad, entre los que se encuentran Fernando Sobrini, actual responsable de banca para particulares y presidente de la gestora de fondos de inversión o la sociedad de valores, y Gonzalo Alcubilla, responsable de banca corporativa en estos momentos. Ambos deberán declarar el 22 de mayo y en caso de que persista su imputación, se abrirán plazos para que la entidad informe al Banco de España y este decida entonces.
En Bankia manifiestan su sorpresa por una imputación sin que hayan sido expresamente los motivos y su confianza en que todo se resolverá tras la declaración. Así, no contemplan ninguna actuación sobre sus ejecutivos e insisten en establecer diferencias sobre el caso de Alfredo Sáenz, ya que este incluso ha debido ser indultado.
Sin embargo, el asunto ha llamado la atención entre trabajadores de la firma que han salido en los últimos tiempos, ya que hacen referencia a los casos de Virgilio Cano (a su vez, consejero de la Comunidad de Madrid durante más de 10 años y gran amigo de Joaquín Leguina) y Fernando Abad. Ambos eran consejeros por parte del PSOE y fueron imputados por distintos casos, (el de Cano, pintoresco: por haber aceptado pagos para acelerar la licencia de un club de alterne), dimitiendo de Caja Madrid y quedando fuera de las listas electorales socialistas, en el entonces PSM.
En su momento, hubo presiones tanto por parte de la CNMV como de la caja al completo para que estos dos consejeros abandonaran, claro que ambas instituciones estaban en la órbita del PP, partido del Gobierno en España y en la comunidad autónoma.
Queda el caso de Ildefonso Sánchez Barcoj, actualmente en la Fundación Caja Madrid y, por tanto, fuera de la órbita de Bankia. Este ex ejecutivo también está imputado y fue un hombre de un enorme peso específico tanto en la caja como en Bankia. De hecho, su mujer sigue siendo ejecutiva en la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.
En fuentes jurídicas subrayan la importancia del hecho de que las instrucciones sobre cuestiones bancarias comience a imputarse a altos cargos y comités de dirección, no sólo a presidentes y consejeros.
