El plan de negocio de la Sareb podría verse alterado por el real-decreto ley aprobado en Andalucía que prevé la expropiación temporal del uso de viviendas en procesos de ejecución hipotecaria. El impacto económico puede ascender hasta los 54 millones de euros, en función de las multas que prevé la nueva normativa andaluza, según los cálculos efectuados por el sector inmobiliario.
La mayor sanción que establece el decreto andaluz alcanza los 9.000 euros. Esta multa queda reservada para las faltas más graves. Entre ellas, el que una vivienda esté desocupada. Los cálculos del sector estiman que la Sareb podría contar con una bolsa de 6.000 viviendas en Andalucía, un 8% del total de su parque de pisos, heredadas de las diferentes entidades nacionalizadas.
La aplicación de estas sanciones gravaría la cuenta de resultados de la Sareb durante los tres primeros ejercicios, el espacio temporal que contempla el decreto andaluz su medida de expropiación de viviendas. En estos tres primeros años, la Sareb prevé unos beneficios de 203 millones: 47 millones de pérdidas en 2013; 63 millones, en 2014 y un total de 140 millones, en 2015.
La preocupación es máxima en la Sareb ante la puesta en marcha de esta norma. Junto a las posibles sanciones, la expropiación de su parque en Andalucía puede poner en dificultades el desarrollo de su plan de desinversiones y la potencial captación de inversores. "El objetivo de la Sareb es sacar al mercado la mayor cantidad de viviendas posibles en el menor tiempo para ayudar a la reestructuración financiera", aseguran fuentes de la institución presidida por Belén Romana.
En el banco malo se teme que la medida incida negativamente en el plan de negocio de la entidad y la captación de inversores
En el sector financiero, e incluso en la propia Sareb, existe la preocupación de que el nuevo marco legal propicie la ocupación de viviendas y edificios completos en Andalucía. En los últimos días, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha instalado en dos bloques que la Sareb ha heredado de BMN en las localidades catalanas de Salt y Sabadell, con el fin de repartir las nuevas viviendas entre familias con pocos recursos.
El texto de la normativa andaluza considerará como inhabitada una vivienda cuando "no se hace uso residencial de ella durante más de seis meses consecutivos en el plazo de un año desde el último día de efectiva habitación" o si nunca han sido habitadas. Para comprobar en qué estado se encuentran las viviendas, la Junta de Andalucía creará un servicio de inspección que cruzará una serie de datos de consumo de la casa (agua, luz, electricidad, telefóno) y los datos del padrón.
La Sareb, al igual que el resto de la banca, cuenta con un mes, desde la aprobación del decreto el pasado viernes, para detallar a la Junta en qué situación se encuentra su parque de viviendas vacías antes de que se comience a poner en alquiler a precios reducidos. En el sector financiero se espera que el Gobierno recurra la norma al Constitucional. Además, los servicios jurídicos del banco malo analizan con detenimiento la letra del decreto de cara a poder tomar algún tipo de medida en el futuro.
La preocupación de la Sareb es compartida por la Asociación Española de Bancos (AEB), que se muestra contraria a la medida, y Bruselas. La Comisión Europea comenzó ayer a analizar el impacto del decreto andaluz entre el sector financiero español.
El real decreto andaluz prevé sanciones de hasta 9.000 euros a las entidades por cada vivienda no ocupada
Bruselas suele estudiar la adopción de políticas relacionadas con el sector financiero que no están incluidas en el Memorando de Entendimiento -que establece las condiciones del rescate a la banca- pero que pueden tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa.
En Andalucía, la expropiación temporal será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2 % del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones. En esta comunidad autónoma hay alrededor de 700.000 viviendas desocupadas, de las que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas.
