El Gobierno y los agentes sociales (CEOE, Cepyme, UGT y CCOO) han firmado este viernes un "Acuerdo por la reactivación económica y el empleo" en el que, por un lado, recogen buenos propósitos en el plano económico para los próximos años y, por otro, repasan las medidas que ha aprobado el Ejecutivo tras la pandemia.
La firma se ha escenificado en un acto celebrado en los jardines de la Moncloa al que han asistido los firmantes y también el Gobierno en pleno, ya que se ha producido después de la celebración de un Consejo de Ministros Extraordinario que -en esta ocasión- no ha ido seguido de rueda de prensa ni ha dado a los periodistas posibilidad de preguntar.
La única medida incluida en el acuerdo, que ya se conocía desde este jueves, está recogida en el punto número 8, en la que el Ejecutivo se compromete a "poner en marcha un segundo programa financiero de apoyo público a la solvencia y la inversión empresarial de 50.000 millones de euros, orientado a impulsar el crecimiento".
El hecho de que sólo haya una nueva medida puede justificar que el propio presidente de la patronal, Antonio Garamendi, haya admitido en su intervención que había personas "que dicen que en el acuerdo no pone nada", para después defender su contenido.
Declaración de Intenciones
El resto de puntos que componen el acuerdo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, recogen los siguientes buenos propósitos.
- Comparten la "urgente necesidad de impulsar la reactivación económica y la creación de empleo tras la desescalada", y apuestan por un crecimiento económico sostenible e inclusivo, apoyado en la economía verde y la transición ecológica, la digitalización, la reiundistrialización, la inversión en I+D, la colaboración público-privada, la educación y formación profesional, etc.
- Consideran "imprescindible" continuar el diálogo social y se emplazan a más reuniones.
- Apuestan por la generación de nuevas oportunidades y empleos en sectores emergentes, "poniendo la creación de empleo de calidad en el centro de la recuperación y evitando que el despido sea el principal mecanismo de ajuste".
- Se emplazan a trabajar en acuerdos para: impulsar la reincorporación de trabajadores afectados por ERTE, desarrollar mecanismos para la formación y recualificación de trabajadores, establecer un marco para el teletrabajo y la adaptabilidad de la jornada, y desarrollar un marco adecuado para los ERTE de fuerza mayor y ERTE ETOP.
También dialogarán para poner en marcha un Pacto por la Industria, impulsar la transición verde y la digitalización, modernizar las políticas activas de empleo, el marco laboral, apoyar la economía social y a los autónomos, reforzar los servicios públicos, reformar el sistema público de pensiones, impulsar medidas para aflorar la economía sumergida,
Repaso de lo aprobado
Algunos de los puntos del acuerdo también se utilizan para repasar las medidas aprobadas y ensalzar su utilidad, como las líneas de liquidez del ICO, los ERTE y su extensión hasta el 30 de septiembre, las ayudas a autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.
"La figura del Expediente de Regulación Temporal de Empleo ha sido clave en la crisis COVID, evitando la destrucción innecesaria de muchos empleos y contribuyendo a preservar capital humano y tejido productivo que habría sido difícilmente sustituible de otra forma", reza uno de los puntos del acuerdo.
El último punto recoge el resumen de lo firmado: la reactivación de las mesas de diálogo social ya constituidas incorporando medidas tendentes a la creación de empleo y abordar los compromisos recogidos en el documento.
