El Gobierno quiere ser "el banco" de los ayuntamientos y conquistar su remanente para financiarse. Su polémico proyecto de ley presiona a los municipios para que ingresen a Hacienda 'de forma voluntaria' sus ahorros, para que luego se les devuelva el dinero en diez años. Una estrategia para no recurrir a una nueva emisión del Tesoro Público y que los consistorios consigan una mejor financiación que a través de las entidades bancarias.
"Puede tener sentido que habiendo unos recursos sin usar", considera Santiago Calvo, investigador en la Universidad de Santiago de Compostela y colaborador del Instituto Juan de Mariana. "Se puedan encontrar 'atajos' en la normativa para que puedan ser empleados de manera contracíclica, y ahí es cierto que el Gobierno Central es el que tiene más herramientas para poder hacer uso de esos recursos (por ejemplo, a través de ERTES o ayuda a autónomos)", añade.
Por su parte, José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), considera que "en términos financieros los dos ganan". "Las entidades que lo decidan hacen una inyección de liquidez a las arcas del Estado en un momento delicado y el Estado les financia con mejores condiciones que en una cuenta bancaria convencional", describe Mollinedo.
El problema es que se ha hecho sin consenso. El apoyo de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, está incluso en duda. La formación no revelará sus cartas hasta que el texto se mejore, y solicita unas modificaciones similares a las que demanda el Partido Popular o Junts Pel Sí. Los aliados del Gobierno se quejan del complejo sistema con el que se compromete el Gobierno central a los ayuntamientos estos ahorros. En este caso, son más complejas que la de los propios bancos.
Y no es la única incertidumbre. "La aprobación por Decreto va a generar inseguridad jurídica porque solo el PSOE respalda esta decisión, ¿qué pasará si el Congreso lo tumba y algunos ayuntamientos ya han cedido sus remanentes?", pregunta Santiago Calvo. "Si se hace por Proyecto de Ley es probable que entremos en el año 2021 hasta que se puedan usar esos recursos", matiza.
Problemas del pasado
La oferta del Gobierno a los ayuntamientos también tiene un trasfondo que también alimenta a los más críticos. Mientras que los remanentes se consiguen a través de ocho años de apretarse el cinturón en los ayuntamientos, Moncloa necesita liquidez tras una menor austeridad.
"No habernos comportado de manera responsable y generar ahorros cuando el ciclo era alcista provoca problemas financieros en las cuentas públicas en momentos como el actual", detalla el investigador en la Universidad de Santiago de Compostela . "En otros países el debate es de cuánto se bajan los impuestos, aquí solo pensamos en hacer frente a aumentos de gasto y en subir figuras impositivas que pueden afectar de manera negativa a la recuperación económica", matiza.
La otro duda que ronda esta controversia es 'cómo se van a gastar esos 5.000 millones en los ayuntamientos'. Algo que no convence a los aliados del Gobierno de Sánchez. ERC considera que este proyecto de ley no permite utilizar esos recursos libremente. El propio diputado de Compromís, Joan Baldoví, lo definió como “nefasto” y “catastrófico”. El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, catalogó la propuesta como "impresentable”.
En este sentido, hace unos meses, el alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, aseguraba que estaba cansado del "paternalismo" con el que eran tratadas las corporaciones locales. Pues en el caso de aprobarse esta medida, al menos los consistorios dirigidos por el PSOE, tendrán en el Gobierno al banco donde residen su ahorros.
