El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha duplicado el montante de ayudas de una licitación de redes móviles 5G al quedar desierta. Se trata de un concurso, lanzado el pasado mes de junio, que se ha relanzado de nuevo hace unos días.
En un primer momento el Gobierno destinó 250 millones de euros en ayudas para los licitantes, pero no contaba con que el concurso quedara desierto. Una de las principales causas de que nadie se presentara al mismo es la poca rentabilidad del proyecto para los operadores de telecomunicaciones (Telefónica, Orange, Vodafone, MásMóvil, etcétera), a quien iba dirigida la licitación.
Cuatro meses después se ha lanzado de nuevo el concurso público, pero con un incremento de 200 millones en las ayudas, casi el doble. Con 450 millones de euros sobre la mesa, Sánchez pretende que se inicien los desplieges de las conexiones backhaul que requiere la tecnología 5G, aquellas que enlazan las antenas con el núcleo de la red para que las comunicaciones ganen en capilaridad y se amplíe el tejido conectado. Este sistema dotará de fibra óptica a los emplazamientos situados en zonas rurales de municipios de menos de 5.000 habitantes
La convocatoria da esta vez un plazo máximo de diez días para que las empresas acudan a la licitación, un tiempo muy reducido si se compara con lo que sucede habitualmente en este tipo de concursos.
El programa de ayudas al despliegue de redes móviles 5G se encuadra dentro del marco del Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión 'UNICO– 5G Redes' y está englobado en los principios establecidos por las Agendas España Digital 2025 y 2026, así como la estrategia de impulso de la tecnología 5G, aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de diciembre de 2020.
En concreto, se han establecido cuatro áreas geográficas para los despliegues:
- Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, y Castilla y León.
- Aragón, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
- Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Canarias.
- Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Baleares, Ciudad Autónoma de Ceuta y Ciudad Autónoma de Melilla.
El Gobierno recuperará el dinero si los operadores no cumplen
Los pliegos establecen que los despliegues deberán estar concluidos, como mucho, en junio de 2025. Además, las empresas que no consigan cumplir con lo estipulado podrían ser obligadas a devolver hasta la totalidad de las subvenciones recibidas.
"El incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y demás normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se hayan establecido en la correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver la totalidad o parte de las ayudas percibidas y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto en el título II, capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título III de su Reglamento", reflejan las bases de la licitación, consultadas por Vozpópuli.
Uno de los nuevos operadores para despliegues rurales que ha aparecido en escena ha sido Asteo. Lanzado hace ahora prácticamente un año (octubre de 2021), ya tiene enlazados 149 municipios, ha construido 700 km de red troncal y conectado 65.000 hogares
Asteo, Adamo y Avatel: nuevos actores que compiten con los grandes
Empresas como Adamo o Avatel se codean ya con los grandes en los despliegues de redes 5G y de fibra óptica rural. En el último concurso ÚNICO-Banda Ancha para llevar fibra a los pueblos, Adamo se hizo con 98 millones en ayudas, Avatel con 73 millones y Telefónica con cerca de 42 millones.
Uno de los operadores que ha aparecido últimamente en escena ha sido Asteo. Lanzado hace ahora prácticamente un año (octubre de 2021), ya tiene enlazados 149 municipios, ha construido 700 km de red troncal y conectado 65.000 hogares.
Asteo está centrado en dotar de conectividad los entornos rurales y las zonas con menor densidad de población del país. La inversión para el primer desarrollo de estas infraestructuras asciende a 40 millones de euros. La empresa ccuenta con el apoyo del fondo de infraestructuras europeo CEBF (Connecting Europe Broadband Fund), que gestiona un capital de 555 millones de euros.
