El Consejo de Ministros de este viernes aprobará los anteproyectos de ley que permitirán crear los dos nuevos impuestos que figuran en el paquete fiscal que quiere poner en marcha el Gobierno el año que viene: la 'tasa Google', que gravará servicios digitales, y la 'tasa Tobin', que actuará sobre las transacciones financieras. También se dará luz verde al anteproyecto de ley sobre la lucha contra el fraude fiscal, según ha podido saber Vozpópuli.
El Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se crea para gravar aquellas operaciones de la economía digital que actualmente no tributan, en línea con las recomendaciones de la Unión Europea. Únicamente tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones euros. El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
El Gobierno espera recaudar hasta 1.200 millones con la 'tasa Google', una cifra muy importante que resulta poco creíble para los analistas. De ahí que se baraje la posibilidad de que la tasa se acabe aplicando también sobre las compañías tecnológicas, que temen que el Gobierno les imponga un impuesto del 3% sobre algunas de las actividades que realizan en España, relacionadas con la economía digital.
Las medidas para combatir el fraude aportarán en total más de 800 millones de euros
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras, por su parte, gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. En total, el Ejecutivo espera obtener unos 850 millones con esta tasa, una cifra que los expertos también consideran inflada.
De su lado, el paquete de medidas para combatir el fraude fiscal incluirá la limitación de los pagos en efectivo para profesionales a 1.000 euros, que generará 218 millones; la reducción del umbral para incorporarse a la lista de morosos a 600.000 euros, que aportará otros 110 millones; y otras medidas que permitirán recaudar unos 500 millones.
