Pedro Sánchez se ha comprometido con Bruselas a reducir el déficit en 2019 hasta el 1,8% del PIB, desde el nivel del 2,7% o 2,8% en el que se prevé que concluya este año, una promesa que parece difícil de cumplir en opinión del servicio de estudios del BBVA, que cree que este indicador cerrará en el 2,2% el próximo año y se desviará en 4.800 millones de euros.
¿Cuáles son las razones? Los expertos de esta entidad bancaria explican en primer lugar que “persisten dudas sobre cuándo se aprobarán las medidas acordadas” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, ya que cada vez parece más probable un escenario en el que el Ejecutivo no consiga los apoyos parlamentarios necesarios para sacarlos adelante.
En ese caso, se tendrán que prorrogar las cuentas de 2018, por lo que las previsiones de ingresos y gastos que maneja Sánchez y con las que pretende reducir el déficit hasta el 1,8% no se aplicarían y, por tanto, no tendrían ese efecto.
Otro problema es que, incluso aunque los PGE consigan luz verde en el Parlamento y sean aprobados, existen también incertidumbres sobre la “efectividad recaudatoria” de algunas de sus medidas, ya que el Gobierno ha recibido acusaciones desde muchos frentes de inflar sus perspectivas de ingresos y menospreciar el volumen de gasto.
También es polémico el impacto que las medidas tendrán en la economía, es decir, cómo repercutirán en el PIB nacional.
La principal amenaza: las elecciones
Uno de los “riesgos al alza” que planean sobre la capacidad del Estado para conseguir reducir el déficit al 1,8% del PIB es “el ciclo electoral”, ya que al ser 2019 un año de elecciones autonómicas y municipales se producirá un incremento del gasto público que “aumentaría la probabilidad de desviación respecto al objetivo de déficit planteado”, alerta BBVA.
Todos estos factores llevan a la entidad a pensar que salvo que el Gobierno emprenda ciertos cambios en su política económica, es más factible que el desequilibrio de las cuentas públicas permanezca en el 2,2% del PIB a finales del siguiente año.
Según sus estimaciones, los ingresos subirán una décima respecto al PIB, hasta el 38,5%, gracias a la “marcha de la actividad”, pero aunque el gasto se reducirá en seis décimas seguirá siendo superior a la recaudación, del 40,6% del PIB. Esta partida caerá gracias a “las menores prestaciones por desempleo, menores gastos financieros y, sobre todo, por un crecimiento por debajo del PIB nominal”.
