El Gobierno da una patada hacia adelante y ha decidido ampliar la moratoria concursal hasta el próximo 14 de marzo de 2021, una decisión criticada tanto por los profesionales del sector como por el propio Banco de España, que hace unos días se mostró en contra de esta medida tras alertar del riesgo de mantener empresas ‘zombies’ y su impacto en la recuperación de la economía.
La ampliación de la moratoria se ha alargado hasta justo un mes después de las próximas elecciones autonómicas de Cataluña, previstas para el 14 de febrero, y coincidirá también con la primera declaración del estado de alarma. A este respecto, cabe apuntar que esta comunidad autónoma es una de las que más situaciones de insolvencia está registrando durante la pandemia.
En concreto, los datos del Colegio de Registradores de España señalan que en septiembre se registraron 51 concursos en Cataluña, un 96,2% más con respecto a los 26 contabilizados en septiembre de 2019. Esto la convierte en la segunda comunidad con más situaciones declaradas de insolvencia solo por detrás de Madrid, que registra 83.
La Ministra Nadia Calviño sostiene que el aplazamiento busca "apoyar a empresas solventes, permitiéndoles la reestructuración de deuda"
Si se amplían los datos al tercer trimestre del año, las comunidades que han registrado más concursos declarados son Madrid (194), Cataluña (165), y Comunidad Valenciana (127), que superan el centenar. La moratoria permite a las empresas no tener que solicitar el concurso de acreedores aunque su situación así lo requiera para, en teoría, disponer de más tiempo para negociar con sus acreedores y tratar de encarrilar su situación.
"Esta medida busca apoyar a empresas solventes, permitiéndoles la reestructuración de su deuda y el refuerzo de su liquidez y solvencia", ha señalado este martes, tras el Consejo de Ministros, Nadia Calviño, titular de Asuntos Económicos.
Los expertos critican la medida
"Alargar los plazos hasta el 14 de marzo va a mantener artificialmente vivas algunas empresas", explica Manuel Gordillo, socio de Abencys Reestructuraciones. El abogado, especialista en insolvencias, advierte que esta decisión va a provocar que se destinen recursos a empresas quebradas y se quiten a otras que sí los podrían aprovechar.
"Luego se dirá que es culpa de la Ley Concursal que la mayoría de empresas en concurso desaparezcan", lamenta Diego Comendador
En opinión de Gordillo, a estas alturas las compañías ya saben cuál es su situación financiera y las que no pueden aguantar son conscientes de ello. "Es retrasar lo inevitable", apunta. Además, cuando más se dilate la decisión, la situación de la compañía podría agravarse todavía más y el concurso de acreedores podría ser finalmente mucho más duro.
Diego Comendador, presidente de la asociación que representa a los administradores concursales que trabajan en España, Aspac, considera que el aplazamiento de la obligación de presentar concurso de acreedores no es una solución ante la previsión de que se produzca una cascada de quiebras.
"Luego se dirá que es culpa de la Ley Concursal, que más del 90% de las empresas que se declaran en concurso van a liquidación", lamenta Comendador. "Si las empresas van a concurso cuando ya no pueden hacer nada, es normal que desaparezcan", explica. "Es como ir al médico cuando ya estás muy enfermo por no haber ido antes, y entonces te encuentras que no hay remedio", comenta.
Otras fuentes jurídicas consultadas inciden en que "las medidas adoptadas muy probablemente se comprobarán como un mero lapso temporal o postergación de obligaciones concursales, que en muchos casos poco o nada ayudaran al empresario que se encuentre en dificultades financieras".
"Si la intención del Consejo de Ministros pasaba por dotar de expectativas de supervivencia a las empresas que antes del Covid eran viables, quizás se debería de haber acudido a un refuerzo de la imagen y promoción de las medidas pre concursales que ya se encuentran previstas en el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal o igualmente se encontraban en la extinta Ley Concursal", concluyen.
