En pleno estado de alarma y con la población confinada en sus casas, el Gobierno está llevando a cabo el cobro de multas de tráfico a miles de ciudadanos a los que embargan sus cuentas en el banco y que no tienen posibilidad alguna de recurrir para evitarlo. Y es que la organización de defensa de los automovilistas AEA ha denunciado que desde el pasado 14 de marzo se están ejecutando ilegalmente en España embargos de cuentas corrientes a miles de automovilistas a los que se les están dejando indefensos y sin recursos en plena crisis de la covid-19.
Según AEA, con motivo de la declaración del estado de alarma el Gobierno suspendió el pasado mes de marzo los plazos procesales y administrativos, y en el ámbito tributario, también suspendió los plazos para ejecutar el cobro de las deudas pendientes de pago, incluidas las multas de tráfico. Sin embargo, y a pesar de la suspensión, los servicios jurídicos de AEA han podido comprobar cómo los bancos y cajas de ahorro españoles han seguido practicando en plena crisis del coronavirus miles de embargos a ciudadanos que, a pesar de ver reducido el saldo de sus cuentas bancarias, no han tenido capacidad para reaccionar.
Una irregular actuación de la banca que además de ilegal –señala AEA en una nota- y que está dejando indefensos y sin recursos a miles de ciudadanos, ya que ni pueden comprobar a qué corresponden los embargos que se les practican, ni tampoco pueden formular ningún tipo de recurso para evitar una actuación que resulta absolutamente ilegal, dado que los plazos tributarios están suspendidos.
Según explica AEA en su denuncia, el Art. 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la covid-19 establece que “los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.”
A pesar de ello, según han podido verificar los servicios jurídicos de AEA, desde el pasado 14 de marzo la banca está ejecutando miles de embargos de cuentas bancarias antes de que haya concluido dicho plazo, e incluso sin que hayan transcurrido los 20 días previstos en la legislación tributaria desde que se práctica una diligencia de embargo.
Evitar la indefensión
Este plazo se estableció en la legislación tributaria con la finalidad de que los ciudadanos no quedaran indefensos ante actuaciones arbitrarias o erróneas de la Administración y pudieran comprobar, antes de la ejecución de un embargo, que la deuda que se les reclama era correcta o, en caso contrario, solicitar a los órganos de recaudación su paralización, bien porque se tratara de una deuda prescrita, no notificada anteriormente o, porque se estuvieran embargando los saldos de cuentas inembargables al tratarse de pensiones, subsidios de desempleo o ayudas para familias en riesgo de exclusión.
La organización defensora de los automovilistas cree que ninguno de estos derechos se están respetando y van a solicitar por eso a la banca que devuelva, en defensa de los legítimos derechos de los automovilistas, el importe de cualquier embargo de cuentas bancarias practicado por impago de multas de tráfico durante el periodo en que esté decretado el estado de alarma, absteniéndose de realizar nuevos embargos durante el tiempo que dure el confinamiento.
Sin duda, una actuación por parte de los responsables gubernamentales que está generando enorme malestar entre muchos afectados que, además de sufrir los efectos de la crisis de esta pandemia, no pueden recurrir multas de tráfico que, por ley, habían sido ampliado los plazos y que no se está cumpliendo.
