El Gobierno estudia en estos momentos la posibilidad de hacer uso de activos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para afrontar necesidades logísticas y sanitarias frente a la pandemia del coronavirus, según avanzan fuentes conocedoras a Vozpópuli.
En concreto, la Sareb ha puesto a disposición de la Administración Pública once activos inmobiliarios distribuidos por distintos puntos de España, explican a este medio las mismas fuentes.
Los activos son fundamentalmente naves industriales de distintos tamaños, aunque también hay hoteles y/o apartahoteles que podrían ser utilizados con fines sanitarios.
A preguntas de este periódico, ni desde Sareb ni desde el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han dado todavía detalles sobre el volumen en metros cuadrados y/o valor de los inmuebles ni detalles concretos sobre el uso que tendrán los activos. El quid de la cuestión estaría en ver hasta qué punto podrían ser aprovechables para fines logísticos y sanitarios.
El 'banco malo', el Gobierno y la vivienda
Sareb, el denominado 'banco malo', tiene como primer accionista al Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (45%), un 55% de participaciones de lo privado, y una cartera inmobiliaria de 12.000 millones de la banca rescatada. El Gobierno aprobó un Real Decreto el pasado 10 de marzo de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para evitar que Sareb entre en causa de disolución por reducir su patrimonio neto -solo en 2019 perdió 850 millones- a los efectos de permitir que "prosiga llevando a cabo su fundamental labor liquidatoria con normalidad" hasta 2027.
"Sareb se constituye (en 2012) como una sociedad anónima que presenta determinadas particularidades derivadas de su objeto social singular, que no es otro que el de la liquidación en las mejores condiciones posibles de la cartera de activos que le fueron transferidos, y del interés público derivado de su actividad. Ambas finalidades dan lugar a que Sareb, si bien se rige con carácter general por la normativa de las sociedades mercantiles de capital, presente necesariamente un régimen jurídico especial en determinados aspectos que resultan imprescindibles para dar cumplimiento a su fin social", esgrime el Real Decreto.
El Gobierno entiende que, "hasta el momento, Sareb está cumpliendo su mandato. Además, como parte de su responsabilidad social corporativa, Sareb cuenta con un programa de promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 4.000 viviendas para fines sociales, que pretende ser ampliado y complementado a corto plazo, lo que podrá realizarse siempre que la sociedad pueda seguir funcionando y desempeñando su actividad".
En enero, la Sareb anunció su intención de elevar su plan de viviendas sociales hasta las 10.000. Tiene, por lo pronto, un parque de 60.000 viviendas en total. Fuentes del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han trasladado a este medio estar en conversaciones con Sareb sobre la posibilidad de utilizar sus viviendas con fines sociales, aunque han incidido en que la cuestión pasa por valorar hasta qué punto son aprovechables.