La batalla entre el Reino de España y los afectados por la retirada de Mariano Rajoy de las primas a las renovables de José Luis Rodríguez Zapatero ha subido el tono. Los fondos y las empresas que están envueltas en este proceso ya piensan en embargar activos de España en el extranjero ante el inmovilismo de los representantes del país. No obstante, el Gobierno considera que esta estrategia es un “éxito”.
Según trasladan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica a Vozpópuli, se está defendiendo los intereses del país “con notable éxito en las diferentes cortes de arbitraje internacional”. Desde el equipo que lidera Teresa Ribera defienden que no tiene “ninguna responsabilidad” en estos litigios internacionales contra España por los recortes a las renovables y consideran que se ha adoptado las medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy.
Los fondos tienen reconocidos en organismos como el CIADI, perteneciente al Banco Mundial, unas indemnizaciones de 1.226 millones a España y, como informaba este medio, esperan que esta deuda aumente en este año hasta los 2.000 millones de euros. Los representantes del Gobierno sostienen que se ha conseguido en esta legislatura "reducir las indemnizaciones reclamadas", hasta el punto de que dicha rebaja supera el 85% sobre lo demandado.
Consideran, pese al ruido, que existe una tendencia descendente en estos litigios internacionales y apuntan que los nuevos laudos otorgan compensaciones cada vez más bajas. Estas indemnizaciones llevan incorporados, según sus cálculos, unos intereses de 116,9 millones de euros por demorar su pago.
Los representantes del Gobierno sostienen que se ha conseguido en esta legislatura "reducir las indemnizaciones reclamadas", hasta el punto de que dicha rebaja supera el 85%
Los demandantes están solicitando la ejecución de los laudos en tribunales nacionales de varios países, como Australia, Estados Unidos o Reino Unido. Unos países donde, si no se acatan las sentencias del CIADI, existe un claro riesgo de embargo de los bienes españoles en estos países, como las cuentas corrientes o las sedes del Instituto Cervantes.
Desde el Gobierno explican a este medio que estas informaciones se derivan de que algún juzgado de estos países anglosajones, a instancias de los inversores internacionales o que los laudos son vinculantes, pero ello no implica que estos juzgados tengan capacidad de ejecutar los laudos en sus territorios y embarguen bienes españoles.
Para ello, según apuntan, hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Reino de España esgrima argumentos de oposición. Sólo con “una situación muy excepcional” estos tribunales nacionales podrían intentar estos métodos de cobro.
El Gobierno espera a Bruselas
La defensa de España mantiene que el pago de estas indemnizaciones puede ser contrario al derecho de la Unión Europea y constituir una “ayuda de Estado ilegal”, incompatible con el mercado interior. En consecuencia, cuando España recibe un laudo reconociendo una indemnización se notifica a Bruselas. Los expertos del Gobierno detallan que no se puede pagar antes de que la Comisión se pronuncie, de modo que “obra cumpliendo fielmente con sus obligaciones legales” de estado miembro de la Unión Europea.
El Gobierno lanzó una propuesta a los afectados hace cuatro años. El Real Decreto-ley 17/2019 garantiza a las plantas afectadas una rentabilidad del 7,4% hasta el 31 de diciembre de 2031. De otro modo, su rentabilidad, ligada a los tipos de interés, hubiera caído al entorno del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020. A cambio, los demandantes en tribunales internacionales debían retirar sus procesos.
Desde que se promulgó esta ley se han frenado radicalmente las denuncias contra España en cortes internacionales, según las cifras que ofrecen estas fuentes cercanas al Ministerio. Sólo se han presentado cuatro y uno de los demandantes ha desistido y, en la actualidad, de los 52 arbitrajes presentados, se han dictado 31 laudos, España ha ganado seis, dos se han anulado, otros 16 están pendientes y tres demandantes han desistido.
La mayoría continúa con el arbitraje
La proporción de los demandantes internacionales acogidos a esa oferta es pequeña por varias razones: la expectativa de obtener una mayor rentabilidad si ganan la demanda, desacuerdo entre los propietarios de las instalaciones afectadas o la venta de los recursos en las Cortes de arbitrajes a fondos buitre.
El porcentaje de arbitrajes vendidos a terceros es cercano al 50%, pero no hay información pública sobre ello. Es conocido que el fondo Blasket Renewable Investment ha adquirido los derechos de varios litigios y ha atacado en Estados Unidos una emisión de deuda de España de unos 248 millones de euros.
El Gobierno recuerda, además, los casos de RREEF e Infrared. Antin vendió su arbitraje a Centerbridge, que a su vez ha sindicado los derechos del pleito entre más fondos especializados en este tipo de litigios, como Burford Capital. Pero, pese a que la estrategia se considere un "éxito", parece previsible que estos fondos llegarán hasta el final.
