El Gobierno recortará bonificaciones fiscales a las entidades propietarias de vivienda en alquiler en el marco de los Presupuestos Generales del Estado 2022 y la nueva Ley de Vivienda a la que están vinculados.
En concreto, Hacienda recortaría las bonificaciones del Impuesto de Sociedades a las entidades dedicadas al alquiler de vivienda del 85% al 40%. Con esa medida, sumada al tipo mínimo del 15% de Sociedades, el Ejecutivo espera ingresar 421 millones de euros adicionales al año.
Las entidades dedicadas al alquiler de vivienda son en su mayoría sociedades utilizadas por fondos de inversión internacionales para invertir y generar negocio alrededor del alquiler de pisos en España. Según cifras del propio Gobierno, el 15% del parque de viviendas en alquiler está en manos de grandes propietarios (más de 10 casas).
En el proyecto de PGE se destaca "las ganancias ligadas a los fondos de inversión que en la primera mitad de 2021 prácticamente doblaron los registros del mismo periodo en 2019 y 2020"
El Ejecutivo les había amenazado anteriormente con un impuesto del 15% sobre los beneficios no distribuidos por las socimis (sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria que utilizan los fondos, tanto en España como en distintos países desarrollados), si bien con esta medida, Hacienda solo preveía, en 2020, recaudar 25 millones de euros extra a partir de 2022. El Ejecutivo estima ahora que podrá incrementar también la recaudación por este concepto incluso en más de 100 millones adicionales en 2022.
El Gobierno centra la mira en los fondos
La semana pasada se conoció que la nueva Ley de Vivienda pactada entre el PSOE y Unidas Podemos facultará a las Comunidades Autónomas para imponer bajadas del alquiler a las empresas tengan más de 10 pisos en arrendamiento, como así también para aplicar una subida del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles sobre casas que lleven más de dos años vacías.
En la presentación de esa Ley, el Gobierno auspició que recortaría beneficios fiscales a los fondos de inversión y demás empresas que se apoyen en sociedades en países como Luxemburgo, con un régimen fiscal distinto al de España.
Dentro del propio Plan de Presupuestos 2022 pactado entre el PSOE y Unidas Podemos se incide en la evolución de los agentes en virtud de los cuales se recaudará el dinero para cuadrar las cuentas. Entre ellos se hace alusión a "las ganancias ligadas a los fondos de inversión que en la primera mitad de 2021 prácticamente doblaron los registros del mismo periodo en 2019 y 2020".
Inversión en Vivienda, marcada por los fondos UE
El Presupuesto eleva también la partida de Vivienda, hasta los 3.295 millones de euros en total, equivalentes a un 46,3% más que en los PGE de 2021 y a casi la mitad de lo que se invirtió la última década. Todo ello, gracias en buena medida al aporte de los fondos europeos, de unos 2.489 millones.
De los 'fondos UE', cerca de 1.400 millones irán destinados a proyectos de "rehabilitación para la recuperación económica y social", 500 millones para el impulso de pisos sociales y energéticamente sostenibles, y 600 millones para ayudas a la rehabilitación.
Alrededor de 400 millones irán destinados a subvenciones y deudas con promotores de vivienda protegida, y otros 200 millones, al bono joven del alquiler (de hasta 250 euros mensuales para menores de 35 años que acrediten trabajo y cobren menos de 24.000 euros anuales), que se prolongaría durante dos años (400 millones en total).
También se aportará a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) 115 millones de euros para actuaciones en materia de vivienda, como así también 27 millones a subvenciones a ayuntamientos en favor de que promuevan viviendas de alquiler asequible o social.
