Los impuestos verdes buscan repartir entre los consumidores la factura de la denominada transición ecológica. Un desincentivo a la contaminación o una aplicación del eslogan que se repite una y otra vez en Bruselas: "Quien contamina, paga". Teresa Ribera ha instaurado esta idea en el equipo de Pedro Sánchez para convertirse en el Gobierno más ecológico de la historia. Sin embargo, la fiscalidad verde se ha quedado en una idea, pese a haber adquirido varios compromisos concretos con Bruselas en el Plan de Recuperación a cambio de fondos, que, en el caso de cambio de Gobierno, puede tener que abordarlos Alberto Nuñez Feijóo. 

Este mismo miércoles, a 20 días de las elecciones generales, el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta energética de España hasta 2030. En este documento, la fiscalidad verde vuelve a asumir gran protagonismo. El plan llama a actualizar el sistema tributario para incentivar la economía baja en carbono y resiliente al clima, mediante la internalización progresiva y generalizada de las externalidades medioambientales que tienen lugar en la generación y el uso de la energía.  

Además, como se estableció en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno ha formado un grupo de personas expertas para evaluar una reforma fiscal que valorará la fiscalidad verde. "En todo caso, las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica", se describe en el propio PNIEC.

La situación económica y la invasión de Ucrania fueron los motivos que alegaron para paralizar el peaje por las autovías. Una medida que tenía como objetivo crear un impuesto finalista para el mantenimiento de estas infraestructuras y llevar el concepto de "quien contamina, paga" a los conductores. Un compromiso con la Comisión Europea que se cerró para 2024. Incluso, como adelantó Vozpópuli, se adaptó la empresa pública de autopistas SEITT con este fin. 

Este mismo miércoles, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido de que en 2024 se pagarán peajes en las autovías: "El Gobierno lo ha comprometido aunque no lo cuente. Que todos sepan que van a pagar por utilizar las autovías, pero no porque lo vaya a hacer el PP, sino porque lo ha comprometido el Gobierno de España", ha dicho en un evento organizado por Estudio de Comunicación.

La Comisión espera su cumplimiento y el Gobierno que salga del 23-J deberá asumirlo. Porque el transporte es uno de los focos de Bruselas para descarbonizar la economía, y el Ministerio de Hacienda se puso manos a la obra ya desde el inicio de la primera legislatura de Pedro Sánchez, sin que se haya hecho nada de lo analizado. El plan energético del Gobierno habla de "una reforma fiscal en el sector del automóvil" para "internalizar las externalidades ambientales de los combustibles fósiles, en la que se podría considerar entre otros la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) o impuesto de matriculación". 

La reforma busca "adelantar la paridad de precio entre vehículos de combustión y vehículos eléctricos, lo que contribuiría a acelerar la penetración de estos últimos, orientando al ciudadano hacia la compra de vehículos de cero emisiones", afirma el Gobierno en su estrategia energética.  

El compromiso

La decisión del Consejo Europeo de 2021 sobre el Plan de Recuperación de España establece que en el primer trimestre de 2023 deberán entrar en vigor "las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de personas expertas relativas a los diferentes elementos del sistema tributario español, con el fin de acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media de la UE". Se trata del quinto pago, de más de 8.000 millones, que medirá las reformas e inversiones realizadas hasta el 30 de junio de 2023.

A partir de aquí, la decisión detalla que se deberá "garantizar un impuesto mínimo sobre la renta de las sociedades, hacer que el sistema tributario sea más eficiente, modernizarlo y adaptarlo a las nuevas tendencias, lo que incluye una perspectiva de género, centrándose en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la armonización de la tributación patrimonial y la fiscalidad de las actividades económicas emergentes".

Además de designar a los expertos y publicar su Libro Blanco, lo único que ha hecho el Gobierno es crear los impuestos a residuos y plásticos, que estaban ya diseñados antes del Plan de Recuperación y que han entrado en vigor con retraso.

Ya en el primer trimestre de 2022 se debería haber hecho un "análisis de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos o la creación de peajes de carretera. Sobre la base de este análisis, se estudiará la posibilidad de modificar la legislación para promover un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero". Esto debería haber entrado en el tercer pago, que se pidió en noviembre y se ha avalado en febrero y cobrado en marzo, sin que se haya hecho nada de esto.

Sobre el impuesto de matriculación, en enero de 2022 se recuperó la subida de 2021 que el Congreso congeló en la tramitación de la Ley de Lucha contra el Fraude. Se trata de la adaptación a la normativa europea para medir el consumo y las emisiones basada en el ciclo WLTP que se traduce en un aumento de los vehículos gravados por el impuesto de matriculación y, por lo tanto, en el valor de los coches nuevos. Bruselas reclamaba una subida adicional.

Una de las medidas de más calado medioambiental y que puede generar más contestación en la calle es la subida fiscal al diésel para equipararlo a la gasolina. Suponía el alza de 3,3 euros al mes de media que ya llevaban los Presupuestos de 2019, que se cayó en la negociación de enmiendas con el PNV en otoño de 2018, mucho antes de la pandemia, y que Bruselas plantea incluso duplicar. Ya en noviembre de 2021, Teresa Ribera advirtió de que se vivía un incremento "muy notable" de los precios de los combustibles fósiles en los mercados internacionales, por lo que introducir un nuevo impuesto al diésel sería "enormemente sensible", ya que "perjudicaría a los que más lo necesitan".

Lo que piden los expertos de Hacienda

El 3 de marzo de 2022, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el Libro Blanco de la reforma fiscal del comité de expertos, cuando Rusia acababa de invadir Ucrania, y advirtió de que no habría subidas de impuestos en el corto y medio plazo, en alusión a los impuestos verdes. Cabe recordar que uno de los compromisos del Plan de Recuperación es el propio Libro Blanco, y se supone que llevar a cabo sus recomendaciones.

Y es que los expertos proponen una subida del diésel e impuestos verdes que asciende a un total de 15.023 millones de euros. Recomiendan un alza del diésel y la gasolina de 6.850,2 millones. Proponen una equiparación de diésel y gasolina y una subida adicional. A esto se añade un incremento de 1.960,6 millones de la accisa del gas natural; una modificación del Impuesto de Circulación que supondrá 610,8 millones más y otra del de Matriculación para reunir 2.335,1 millones más; la tributación de combustibles de la aviación, marítimos y agrarios, con un objetivo de recaudar 1.701 millones; el pago por uso infraestructuras viarias, por 1.397,9 millones, y la creación de un impuesto a los billetes de avión, que reportará 951,8 millones.

También plantean un impuesto a la extracción de áridos, por 426,4 millones; un impuesto sobre fertilizantes nitrogenados que calculan que logrará 279,9 millones, y la extensión de la fiscalidad de las emisiones, por un total de 932,3 millones.

Por último, recomiendan la creación de dos impuestos: uno municipal a la congestión de las ciudades y otro a la extracción de recursos hídricos, entre otros. 

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