El real decreto-ley del Gobierno para frenar el tarifazo de la luz ha creado incertidumbre jurídica en el sector energético, tal y como informaba Vozpópuli este jueves. Uno de los grandes afectados es el sector de las renovables. Según ha podido saber este medio, la propia ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, se ha comprometido con diferentes asociaciones del sector a matizar este decreto.
Ribera y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, han mantenido este jueves un encuentro con las asociaciones de empresas del sector renovables, como la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Unas reuniones donde se han comprometido a enviar una nota aclaratoria para especificar que el recorte de las retribuciones solo se aplicará a los proyectos que hayan integrado el incremento de los precios del gas.
Fuentes del Gobierno han declinado concretar a este diario cómo se realizará esa "aclaración" que demandan las asociaciones. Y no se sabe si será solo una mera declaración pública o si se corregirá la redacción del decreto o se enmendará durante el debate de convalidación en el Congreso para solventar esa posible inseguridad. El Ejecutivo tiene 30 días para llevar el texto a los Cortes.
Venta a largo plazo
No obstante, según han informado a este medio, los contratos de venta de energía a largo plazo (PPA, en sus siglas en inglés) que se han firmado con empresas del mismo grupo, sí mantendrán este recorte del Gobierno. Por su parte, los proyectos que fueron ganadores de la subasta de energía de 2017 no se les aplicará esta minoración.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) denunciaba este miércoles que la medida de la minoración de retribución que recoge el Real Decreto-ley 17/2021 publicado en el Boletín Oficial del Estado" implica, con su redacción actual, un efecto retroactivo implícito sobre cientos de instalaciones renovables que, a partir de mañana, afectará gravemente a su viabilidad".
"El impacto que la norma tendrá sobre numerosos proyectos eólicos y fotovoltaicos con coberturas de precios y contratos de compra venta de energía (PPAs) hará que los propietarios o las contrapartes del contrato pierdan dinero con cada MWh inyectado en la red", añadían desde APPA sobre la medida del Gobierno.
Paradoja de la medida del Gobierno
Estas asociaciones han explicado a Ribera y Aagesen que, en el caso de que la minoración de ingresos del Gobierno fuera superior a su cobertura, algo que se cumplirá durante todo el período en el actual escenario de precios, se dará la paradoja de que un proyecto que haya ido a mercado con una cobertura para minimizar sus riesgos, perderá dinero (más de 100 €) con cada MWh vertido a la red.
Esto no solo genera un grave efecto retroactivo implícito sobre contratos firmados que llevaría a judicializar el sector, tanto entre empresas (para dilucidar según los contratos quién debe asumir las pérdidas) como contra el Gobierno, sino incluso a la paralización, por el tiempo que duren estas medidas, de numerosas instalaciones renovables a lo largo de la geografía española.
"Esta paralización de proyectos renovables, que se realizaría para no tener que incurrir en las importantes pérdidas antes explicadas, conllevaría una menor oferta y, por tanto, una previsible subida adicional del pool eléctrico como consecuencia directa", puntualizan desde APPA.
