El Gobierno sabe que el primer paquete de la reforma de las pensiones, acordado este lunes con los agentes sociales y que previsiblemente se aprobará en Consejo de Ministros la próxima semana, supondrá un aumento de costes para las empresas, de ahí que haya incluido en el anteproyecto algunos incentivos para tratar de compensarlos.
En concreto, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes cercanas a la negociación, entre las medidas aprobadas se incluirá una destinada a ayudar a las empresas a pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores mayores de 62 cuando estén de baja, una estrategia que busca compensar el incremento de costes que sufrirán por mantener en plantilla a trabajadores mayores.
El Ejecutivo sabe que las empresas tienen reticencias a tener trabajadores mayores en plantilla, ya que suelen tener un mayor grado de siniestralidad y de bajas por incapacidad temporal y esto en la práctica supone más coste para las compañías. Además de que estos trabajadores de edad avanzada suelen tener salarios más altos y derechos de antigüedad adquiridos, como ya ha contado este medio en anteriores ocasiones.
Esta medida busca cubrir parte de ese coste y combatir el temor de las empresas a contar con trabajadores de más edad.
En sentido contrario a esta medida, el primer paquete de reformas aprobará también la prohibición de la cláusula de jubilación forzosa hasta los 68 años. A partir de esa edad, sí se permitirá a las empresas despedir forzosamente a los trabajadores pero a cambio tendrán obligación de contratar a un empleado con contrato indefinido. En algunos casos, se pondrán cláusulas que obliguen a contratar a una mujer, en caso de que el sector en el que opere la empresa no llegue a un porcentaje mínimo de empleo femenino.
Además, se aprobarán medidas para desincentivar la jubilación anticipada, como un endurecimiento de los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión para penalizar a los trabajadores que quieran acceder antes a la jubilación.
La reforma de pensiones aumentará en 1,25 puntos de PIB el gasto
Con estas medidas, el Gobierno quiere intentar que la edad efectiva de jubilación (la edad a la que de media se jubilan los trabajadores en España) vaya retrasándose poco a poco desde los 64 años y seis meses en que se sitúa actualmente, hasta acercarse a la edad legal, que en 2027 se situará en los 67 años. Se calcula que, con estas medidas, de aquí a 2050 habrán conseguido que se retrase en torno a dos años, casi hasta los 67 años.
Al conseguir retrasar la edad de jubilación, la Seguridad Social podrá ahorrarse en torno a 1,25 puntos de PIB de gasto público en las próximas tres décadas, pero ese ahorro quedará superado por el aumento del gasto derivado de la otra gran medida de la reforma: la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Esta última medida incrementará el gasto público en torno a 2,5 puntos de PIB de 2050, el año en el que se alcanzará el pico de gasto debido a las jubilaciones de la generación del babyboom, así que el ahorro generado por el retraso de la edad de jubilación sólo servirá para compensar la mitad del aumento del gasto derivado de esta medida.
Este primer paquete supondrá un aumento de gasto equivalente a 1,25 puntos de PIB de 2050, que a día de hoy supondrían unos 15.000 millones de euros.
Las cifras, estimadas por fuentes conocedoras del anteproyecto, demuestran que este primer paquete de medidas está más centrado en garantizar la suficiencia de las pensiones (una de las principales recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo) que en resolver el problema de la sostenibilidad del sistema.
Aún así, el Gobierno asume que el envejecimiento de la población española y la propia estructura demográfica del país hacen obligatorio un incremento del gasto público en pensiones en los próximos años. Para afrontarlo, habrá que recortar el gasto en otras partidas o reforzar los ingresos. O ambas.
