El Gobierno ha lanzado un concurso valorado en 2.400 millones de euros para dotar de material a los profesionales sanitarios durante los próximos dos años y para afrontar posibles rebrotes. Un movimiento que, a priori, parece un guiño para los fabricantes chinos, los grandes proveedores mundiales de este tipo de material durante la pandemia. Pero las condiciones de este 'megacontrato' público tienen una letra pequeña que excluye de alguna manera a estos fabricantes.
La adjudicación que ha lanzado el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, requiere en el pliego que los candidatos no pertenecientes a la Unión Europea incluyan documentación especial. En ella, se debe argumentar que en su país de procedencia se admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la administración y con los entes, organismos o entidades del sector público.
Tanto el ICEX como la Comisión Europea han alertado en varias ocasiones del formato de contratación pública en China. "No se dispone de información transparente y exhaustiva sobre el mercado de la contratación pública", definen desde Bruselas en un informe. "China no está vinculada por ningún compromiso internacional a la hora de adjudicar contrataciones públicas y la mayor parte de los contratos públicos en China se adjudican a empresas estatales", añaden.
El informe que requiere Sanidad para otorgar alguno de los 11 lotes a un proveedor de fuera de la Unión Europea tiene que ser elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se presente.
Y, sin duda, esto pone una gran traba a los grandes proveedores de España durante la pandemia. En la primera semana del estado de alarma, el Gobierno anuncio la adquisición de material sanitario por valor de 432 millones de euros. Meses después, dos empresas como Hongkong Travis Asia Limited y Hangzhou Ruining Trading Co., Ltd., la primera con sede en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la otra en China continental, acumulaban contratos por valor de 360 millones de euros.
Solventes y con experiencias
Además de la limitación a los proveedores de fuera de la UE, el equipo de Salvador Illa exige que los candidatos pongan encima de la mesa experiencia en el suministro del material por el que ofertan. "Se acreditará la relación de los principales suministros, de igual o similar naturaleza, realizados en los últimos tres años incluyendo importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos", recoge el pliego de este megacontrato de dos años con un valor estimado de 2.400 millones.
Sanidad explica a Vozpópuli que estas exigencias pretenden dar "la mayor transparencia posible" al proceso de compras, aplicando "el máximo de requisitos exigidos en la Ley, consiguiendo, a su vez, la máxima celeridad en el proceso de adquisiciones". Unas prisas que, en pleno estado de alarma y con contratos otorgados de forma unilateral, provocaron la llegada de lotes defectuosos para el personal sanitario, como las famosas con 400.000 mascarillas.
El otro requisito que exigirá ahora es que los proveedores sean solventes financieramente. Sanidad pedirá a los candidatos que presenten el volumen de negocio del mejor ejercicio, dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. "El importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio, deberá ser igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes en los que participe (impuestos excluidos)", matiza el concurso.
Este examen de las cuentas pretende evitar polémicas como la surgida con el proveedor Value&Bro S.L. una asesoría jurídica de Málaga que en abril recibió un contrato por valor de 4,2 millones de euros de Sanidad a cambio de conseguir una partida de 700.000 hisopos para la detección del coronavirus. Según el Registro Mercantil, al que tuvo acceso este medio a través de la herramienta Insight View, la compañía no contaba con trabajadores y en el último año presentó unos números rojos de 318 euros.
