Nadie sabe nada. Consumidores, transportistas y los dueños de las gasolineras desconocen qué hará el Gobierno con su ayuda a los carburantes a partir del 1 de enero. Pero, a falta de dos semanas para que se termine, el sector energético descuenta ya que Moncloa retirará la bonificación a todos los consumidores. Y la sospecha de que las grandes empresas no están operando correctamente es un argumento añadido para 'cerrar el grifo'.
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ha abierto ese escenario este miércoles. Sin detallar nombres ni detalles concretos, el organismo regulador desataba a primera hora de la mañana una caza de brujas mediática al anunciar una investigación a "diversos operadores activos en el sector energético español". "Nos ceñimos a la nota", respondían desde la CNMC ante la petición de más información.
Los detalles llegaban cuando las propias empresas reconocían esta visita de la CNMC a su sede en busca de información. Repsol, Cepsa y BP reconocían su colaboración con el organismo regulador para zanjar cualquier tipo de sospecha sobre las prácticas anticompetitivas al aplicar sus descuentos extra a las propias ayudas del Gobierno. Una denuncia que llegaba de parte de sus competidores independientes en España.
Las sospechas ya están sobre estas tres empresas. Los dueños de la mitad de las gasolineras en España ocupaban las portadas tanto de las principales cabeceras nacionales como de algún medio internacional como el Financial Times, un medio muy consultado por los inversores de estos operadores. "Con lo que hay en juego y con el debate que hay entorno a la ampliación de la bonificación, la casualidad de este movimiento de la CNMC es dudosa", comentan a Vozpópuli.
Una jornada intensa en las oficinas de Cepsa, BP y Repsol que se termina con la sensación de que se le abre una puerta al Gobierno para señalar a otros culpables de no ampliar una ayuda a la que ya se han acostumbrado los consumidores. El sector espera que de la gasolina subvencionada para todos se pase a otras opciones como ayudas en base a la renta, sólo a los vulnerables o que simplemente se bonifique más la ayuda a los transportistas.
Es decir, dan por hecho que "la gran mayoría" de los ciudadanos pagarán todo el depósito que llenen. Una decisión que no es agradable en plena cuesta de enero y que no es favorable para el arranque de un 2023 con un ojo en las múltiples campañas políticas y en la evolución de la inflación.
No obstante, el Gobierno sabe que debe ir de la mano de estas empresas si pretende hacer una nueva versión de esta ayuda a partir del 1 de enero. El BOE del pasado 30 de marzo, donde se hacia oficial el inicio de ayuda, describía a los dueños de las gasolineras como "colaboradores". Y los máximos "colaboradores" volverán a ser estas empresas que controlan 5.610 del total de 11.810 gasolineras, que ahora investiga la CNMC y que también tiene en el foco por el nuevo impuesto que el propio Gobierno quiere aprobar antes del cierre del año.
Un 'buen momento' para el Gobierno
El momento y la poca concreción del "potente", como definen en el sector, anuncio de la CNMC molesta a los afectados. El sector también muestra su desconcierto con que la CNMC anuncie el inicio de una investigación de esta dimensión cuando no se ha incoado ningún expediente. Las empresas investigadas prefieren, por su parte, en tender la mano a la CNMC y defender su cumplimiento con la normativa.
"Repsol ha colaborado plenamente con la CNMC. La compañía niega plenamente los hechos denunciados y afirma que cumple de manera estricta la regulación en materia de competencia", explican desde la energética. Cepsa, por su parte, reitera su disposición del organismo supervisor toda la información requerida, "con el pleno convencimiento de la correcta actuación de nuestra compañía en materia de competencia".
Estas compañías consideran que el organismo regulador va a encontrar en su investigación los mismos detalles que han encontrado a la hora de promocionar sus bonificaciones extra junto con sus productos de fidelización. Repsol detallaba en sus cuentas trimestrales que estos complementos a la bonificación al carburante han rebajado en 400 los millones la factura de sus clientes desde mediados de marzo.
También han servido de recaudadores del Gobierno. Solo los ingresos por Impuestos Especiales sobre los Hidrocarburos, donde los carburantes tiene el gran peso, han aumentado hasta octubre un 6,7% frente al 2021 y se elevan, entre enero y octubre, a los 10.191 millones de euros. Mientras que el coste que estima hacienda desde abril hasta el 31 de diciembre ronda los 5.500 millones. Un período rentable en tiempos de bonificación a la gasolina.
