Ayudas directas a pymes y autónomos, los fondos europeos Next Generation EU, y otras muchos mecanismos para apoyar a las empresas durante la crisis constatan el 'fiasco' del Gobierno con las subvenciones, tanto directas como por concurrencia competitiva. Cerca de 18.000 millones presupuestados por el Gobierno en 2021 para ayudar directamente a las empresas no se llegaron a conceder, aproximadamente el 60% del total.
El Gobierno convocó 29.600 millones de euros en subvenciones para empresas privadas el pasado año, de los que sólo llegaron al tejido productivo entre 11.000 y 13.600 millones, según el Informe de Financiación Pública Empresarial elaborado por TuFinanziación, plataforma especializada en gestión de ayudas públicas para empresas propiedad del grupo Innsomnia, a través del análisis de la base de datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas (SNPSAP).
Según el registro de concesiones del SNPSAP, las empresas españolas recibieron el pasado año 45.917 millones en forma de todo tipo de ayudas y préstamos públicos, subvenciones, así como garantías, avales, aportación de financiación riesgo y otros instrumentos de ayuda. "Esta cifra refleja una significativa reducción respecto al año 2020 del -36,4%", destaca el citado informe.
Si se analizan sólo las subvenciones para empresas privadas, se convocaron 29.600 millones, pero el nivel de ejecución fue de entre el 37% y el 46%, según los cálculos de la plataforma. Cerca de un millón de empresas recibieron algún tipo de subvención, el 33% del tejido empresarial del país. Aquí se incluyen, por ejemplo, las ayudas de las CCAA para la digitalización, las del CDTI para la innovación, las del IDAE para la eficiencia energética, o convocatorias de los fondos UE.
Entre otros problemas, se han detectado "convocatorias mal diseñadas o gestionadas, falta de información o complejidad de la misma, incorporación de requisitos muy exigentes y poco adaptados a la situación real del tejido empresarial, inclusión de plazos demasiado cortos para la presentación de solicitudes o excesiva carga burocrática en la tramitación".
El fiasco de las ayudas directas
Uno de los ejemplos más sonados ha sido el de los 7.000 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos aprobadas a principios de abril de 2021. El Gobierno delegó la gestión de los fondos en las comunidades autónomas y cerca de un tercio se quedaron sin gastar, según distintos organismos económicos. En algunas regiones, no han llegado ni al 70% de los afectados por lo complejo de los requisitos, los retrasos y las dificultades en la gestión que se han encontrado las comunidades.
El propio Banco de España (BdE) ha informado del fiasco de estas ayudas. El director general de Economía y Estadística del BdE, Ángel Gavilán, explicó en mayo, durante la presentación del informe anual, que de los 7.000 millones que se destinaron a este fondo, se han utilizado sólo unos 5.000 millones. "Vemos que no han sido especialmente útiles para reducir el porcentaje de empresas con déficit de capital, tanto en porcentaje de pymes como en volumen total de déficit de capital", destacó.
De acuerdo con un estudio del supervisor, a pesar de que la dotación de fondos del programa era suficiente para cubrir la totalidad del déficit de capital de las pymes, el porcentaje de este tipo de empresas con una posición deficitaria de capital tras la crisis "apenas se habría reducido después de las ayudas". Según sus cálculos, el 90% de las pymes con problemas siguen teniéndolos tras estas ayudas.
En concreto, el número de pymes con déficit de capital en 2020, tras la pandemia, y antes de las ayudas directas, ascendía al 6,4%. Después de este programa, la cifra continúa en el 5,7%, según sus cálculos. El Banco de España entiende que las empresas presentan déficit de capital cuando su ratio de capital (patrimonio neto / activo total) era positiva en 2019 y se redujo en 2020 situándose por debajo del 15%.
El BdE achaca este fracaso al diseño de la ayuda, que se concedía en función del sector y la caída sufrida en la facturación, pero no se hacía un análisis personalizado de la situación patrimonial de las empresas. Las empresas y autónomos debían justificar que habían perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 para conseguir estas transferencias directas no reembolsables, además de demostrar que destinarían el dinero a pagar gastos fijos, deudas o pérdidas contables.
