La pérdida de Manuela Carmena y Ada Colau de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, respectivamente, reactiva la guerra del taxi. Las dos grandes urbes de España concentran el debate de los vehículos con licencia de alquiler con conductor (VTC), aquellos que utilizan Uber y Cabify para operar. Un servicio que ha desatado las mediáticas movilizaciones del taxi y que no tendrán, ni mucho menos, el respaldo de los futuros gobiernos locales.
Mientras en la capital gobernará, previsiblemente, José Luis Martínez-Almeida (PP) con el apoyo de Ciudadanos y Vox; ERC, con Ernest Maragall a la cabeza, se ha impuesto por primera vez en la ciudad condal, aunque necesita tejer alianzas para gobernar. Y si finalmente se hacen con las alcaldías, fuentes del sector confirman que sendos proyectos serán "muy distintos" a los de sus predecesoras.
"El resultado en Madrid es muy malo para el sector", alertan a este medio fuentes sindicales del taxi. Una minoría del sector ha apostado en defender a los aliados de Podemos en esta carrera electoral y, aunque la tensión de la formación morada con Carmena haya sido palpable en las últimas semanas, la alternativa del PP frena aún más sus exigencias. "ERC no tiene mayoría en Barcelona, pero sí es cierto que van de la mano con competencia de Cataluña y no son partidarios de la actual regulación", protestan.
Hace tan sólo una semana el Consejo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó la hora de precontratación para los VTC que Colau había anunciado ya en enero. En la votación, ERC y JxCat se abstuvieron, y la medida sólo contó con el apoyo de Barcelona en Comú, PSC y la CUP. Pero con el reglamento en vigor, el nuevo alcalde poco puede hacer.
¿Contraataque?
Los que sí pueden actuar son los agentes afectados -como Uber, Cabify, Unauto o la CNMC- recurriendo el reglamento del AMB ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). De momento, la Autoridad Catalana de Competencia (ACCO) ya ha manifestado que lo impugnará, según ha podido saber Vozpópuli.
Fuentes del sector explican a este medio que las oportunidades son mucho mayores, pues hasta ahora "el decreto de la Generalitat era intocable porque sólo se podía recurrir ante el Tribunal Constitucional", pero el nuevo reglamento del AMB "permite a estas entidades no sólo impugnarlo para quitar la hora de precontratación, sino también atacar jurídicamente, de manera indirecta, la ley catalana que lo sustenta".
"El sector de las VTC respiró aliviado tras conocer que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento no caen en manos de gobiernos que apuestan por asfixiar al sector", valoran representantes de los vehículos con licencia de alquiler con conductor. "La imagen del taxi y su negocio han quedado muy dañados con las últimas protestas. Volver a la guerra es pegarse un segundo tiro en el pie", añade.
Madrid, una incógnita
Además, el borrador de la regulación para las VTC desarrollado -pero no aprobado- por Carmena en los últimos meses cae en saco roto. Éste incluía la prohibición de estacionar a menos de 100 metros del aeropuerto de Barajas y de las estaciones de trenes y autobuses. Además, para equiparar su oferta con la de los taxis, quería establecer una jornada máxima de 16 horas, con la obligación de librar dos días a la semana.
Ahora Martínez-Almeida, en caso de hacerse con la Alcaldía de Madrid, no tiene la obligación de aprobar este mismo reglamento -ni de regular el sector de las VTC-. Así que, en definitiva, los taxistas vuelven a partir de cero en sus negociaciones y propuestas, con la posibilidad de no llegar a ningún acuerdo con el Gobierno en cuestión. Y nadie descarta que el taxi vuelva a movilizarse en las calles de Madrid y Barcelona.
