Un grupo de accionistas minoritarios de Indra tienen previsto iniciar acciones judiciales en defensa de sus "legítimos intereses" tras la última junta general de accionistas de la compañía tecnológica, celebrada el pasado jueves, en la que cesaron cuatro consejeros independientes, a petición de Amber Capital, y no renovó un quinto.
Para ello han acudido al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, que, por su parte, está analizando "las diferentes alternativas judiciales para reclamar daños y perjuicios" ocasionados por estos hechos contra los accionistas minoritarios, según ha informado en un comunicado este martes.
Este despacho de abogados se ha puesto en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para solicitar una reunión con su presidente, Rodrigo Buenaventura, con el fin de trasladarle su preocupación por cómo han sucedido estos hechos y por el daño patrimonial que, a su juicio, han causado a los accionistas minoritarios.
"Injerencia inadmisible"
En la nota consideran "inadmisible" que se produzca en una empresa privada "una injerencia del Gobierno, sin respetar las normas que deben regir el funcionamiento de las compañías cotizadas y de los mercados y que consideran que está afectando de manera directa a la cotización de la acción.
Esta actuación, según apuntan, "puede ser el resultado de pactos secretos, no declarados, como está obligado a hacer, de los tres accionistas SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Sapa y Amber (el fondo controlado por el presidente de Prisa, Joseph Oughourlian), que decidieron apartar de la compañía a la mayor parte de consejeros independientes.
Según la normativa europea, nos encontraríamos ante un supuesto caso de toma de control de la compañía, que les obligaría a tener que lanzar una opa, añaden.
