El sector agrario es uno de los más afectados por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y las secuelas de la huelga de transportistas en España, que se alargó durante cerca de veinte días. Las consecuencias se han hecho notar: a cierre de marzo había 7.556 empresas menos inscritas en la Seguridad Social que en febrero en el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. De esta forma, el tejido productivo afronta ahora un nuevo bache tras la crisis provocada por la pandemia.
Las estadísticas de la Seguridad Social contabilizan 91.947 empresas inscritas en el sector agrícola, ganadero y pesquero en marzo, frente a las 99.503 de febrero. Si se observa un año normal, como los previos a la covid-19, se concluye que en marzo solía reducirse el número de empresas en este sector. Sin embargo, eran mucho más moderadas que la de este año. En marzo de 2019, la variación intermensual fue de -2.269 empresas; mientras que en el mismo mes de 2018, sólo se perdieron 1.778 empresas.
De hecho, la caída es ahora incluso mayor que la que sufrió en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia. En aquel mes, con la declaración del estado de alarma, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social correspondientes al sector agrario descendió en 6.669; mientras que el pasado año, lastrado todavía por la covid-19, se dieron de baja 10.446 empresas entre febrero y marzo, una de las caídas más drásticas experimentadas en este sector en un mes de marzo.
Encarecimiento de materias primas
El sector agrario convocó una marcha el pasado enero, antes de que la crisis de precios se agravara por el conflicto en el Este de Europa, para pedir un plan de choque al Gobierno. Sin embargo, el sector ha visto cómo los problemas por los que clama una solución han empeorado a raíz de la guerra en Ucrania, que ha encarecido aún más la factura energética y ha dejado a una parte del sector sin algunas materias básicas esenciales, como los cereales para los piensos.
España es el país de la Unión Europea (UE) más dependiente del trigo ucraniano, una materia prima clave para la ganadería y la alimentación, según la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En concreto, el 11% del trigo que España importó en 2019 procedía de Ucrania, frente al 1% de Alemania, el 2% de Francia y el 3% de Italia. La OCDE alertó en un informe reciente también de la interrupción en la fabricación de fertilizantes, poniendo bajo presión el suministro agrícola de los próximos años.
Además, la huelga en el transporte de mercancías por el alza en el precio de los combustibles cortó la cadena de suministro alimentaria desde el primer eslabón, impidiendo que algunos productores puedieran hacer circular sus productos, tanto dentro como fuera del país. A esto se suman los problemas de sequía, que ya azotaron al sector en 2017 y que este año han vuelto a poner en riesgo la campaña de algunos cultivos.
Escasez de mano de obra
Finalmente, otro de los problemas que azotan al sector agrario es la escasez de mano de obra por la caída de los flujos migratorios como consecuencia de la pandemia. Este, junto a la hostelería, es el sector que más trabajadores extranjeros ocupa históricamente. En el conjunto de 2020, se produjo un descenso en el saldo migratorio de extranjeros del 48%, mientras que durante la primera mitad de 2021 fue prácticamente nulo, de apenas unas 8.400 personas, según el Banco de España (BdE).
El organismo alerta en su último informe macroeconómico, publicado esta semana, de que "la hostelería, la agricultura y la construcción podrían ser los sectores que experimentaran, con una mayor intensidad, una cierta insuficiencia en la disponibilidad de trabajadores como consecuencia del retroceso observado en los flujos migratorios". Las propias empresas, en una encuesta realizada por el BdE, así lo constatan, advirtiendo de que la escasez de personal es un factor limitante de su actividad en la actualidad.
En el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas por 430 millones para apoyar al sector. Las subvenciones suman 193,47 millones de euros para el sector agrario y ganadero; 169 millones de euros para el productor de leche; y 68,18 millones de euros para la pesca extractiva y acuícola.
Se beneficiarán también de la reducción de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio, lo que supone un impacto de unos 78 millones para los agricultores y otros 16 millones para los pescadores en función del consumo medio realizado en años anteriores, según el Gobierno. Además, el sector pesquero dispone de otras ayudas puntuales como la exención de las tasas portuarias de la pesca fresca o el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.
