La Agencia Tributaria no permite desde este año presentar en papel la declaración de la Renta y obliga a los contribuyentes a presentarla a través de su página web, lo que implica que puede rastrear todas las modificaciones que hacen en su borrador antes de que presenten el documento final.
"No hay ninguna garantía de que esos datos estén protegidos. Se ha producido un cambio de paradigma en los derechos de los contribuyentes, que no pueden saber si sus datos se procesan de forma fiable. Deberíamos tener derecho a que de esos movimientos solo se sepa el resultado final", lamenta José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
La Agencia Tributaria española fue muy pionera en la implantación de la tecnología y actualmente es la segunda más avanzada del mundo por detrás de Estados Unidos, explican, pero este avance tecnológico plantea un problema: que el contribuyente esté obligado a relacionarse con la Agencia Tributaria por medios electrónicos.
"Antes era la propia Agencia Tributaria la que tenía obligación de poner cierta información a disposición del contribuyente por medios electrónicos, ahora es el contribuyente el que está obligado a hacerlo así", apuntan.
La AEDAF pide que los contribuyentes vuelvan a tener "libertad de elegir" y puedan presentar su declaración en papel cuando ya han realizado en privado todos los cambios que consideren. El año pasado, en la campaña de la Renta de 2017, un total de 350.000 contribuyentes presentaron la declaración en papel y ahora tienen un problema: "muchos de ellos viven en la España vacía, lejos de sucursales bancarias o de oficinas de la Agencia Tributaria".
Hacia un 'gran hermano' tributario
Los contribuyentes no son los únicos que están obligados a compartir información con la Agencia Tributaria a la que antes no tenía acceso, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ir mucho más allá al trasponer la Directiva europea 2018/822 y pretende limitar el derecho al secreto profesional.
Su voluntad es imponer a los asesores fiscales la obligatoriedad de compartir información de sus clientes, lo que pone en jaque su derecho al secreto profesional y genera un problema de competencia con otros países de Europa en los que sí se ampara el secreto profesional, como Alemania, Eslovaquia, la República Checa o Polonia.
En España (como ocurre en Italia, Portugal o Francia), los clientes tienen secreto profesional "pero la intención de la Agencia Tributaria es limitarlo ante los tribunales", explican, pero los asesores fiscales son una profesión que no está regulada y no tiene derecho al secreto profesional desde que se aprobó la Ley para prevenir el blanqueo de capitales.
"El cliente tiene una duda, se lo pregunta a su asesor y su asesor le dice que lo siente pero que tiene que comunicarle al Estado esa duda. ¿Y su derecho a la intimidad? Es como si va al médico a contarle una dolencia y éste tiene que comunicarlo", ponen como ejemplo.
