Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Cantabria, las comunidades de la España vaciada, son las beneficiadas de la propuesta de población ajustada que acaba de remitir el Ministerio de Hacienda como pistolezado de salida de la reforma de la financiación autonómica. Así lo muestra el informe que ha hecho público, tres días después de lo que se había comprometido, que también favorece a las regiones que están infrafinanciadas en el actual sistema de financiación: Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Andalucía. En principio, y a la espera de que el Ministerio plantee una propuesta completa, las perjudicadas podrían ser Madrid y Cataluña, aunque lo que se entrevé en la iniciativa es que el conjunto del sistema de población ajustada tendría una mejora técnica que podría beneficiar a todas.
Estos efectos se producen porque se incrementa la financiación para comunidades con población envejecida y se tienen en cuenta elementos como la dispersión y se aboga por suprimir los fondos correctores del sistema y sólo mantener el Fondo de Garantía, al que la mayor aportante es Madrid. En la propuesta, se eleva el peso de Sanidad, Educación y Servicios Sociales sobre el resto de servicios que cubren la comunidades.
De esta forma, en el gasto en Sanidad, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en 7 tramos de edad y donde se aplican unos coeficientes que reflejan los costes que la sanidad tiene en función de los años de sus beneficiarios. Pues bien, en la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. De esta forma se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.
En definitiva, la población protegida equivalente tiene en cuenta que, en términos de gasto sanitario, la edad de los ciudadanos es relevante. La mayor estratificación ha sido posible gracias, explica Hacienda, a que actualmente se dispone de indicadores de uso y gasto que presentan un mayor desglose por tramos de edad. Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
En Educación, el modelo actual del sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades en materia de educación tomando como variable la población de 0 a 16 años. Por tanto, quedaban excluidas otras etapas académicas como la universitaria o la Formación Profesional que en la propuesta remitida por el Ministerio de Hacienda sí que se incorporan. De hecho, en el documento se plantean varias opciones de cómo podrían computar estas variables para conocer las preferencias de las comunidades.
El Ministerio se decanta por evaluar las necesidades de la población no universitaria. Es decir, la población de 0 a 17 años según el padrón y la entrada de alumnos de FP Superior procedentes de otras Comunidades Autónomas, para tener en cuenta el trasvase que se produce de manera significativa hacia determinados territorios. Y también por evaluar las necesidades de la población universitaria, en concreto, población del padrón de 18 a 24 años y la llegada de alumnos universitarios de otras comunidades.
Sin embargo, el documento plantea una segunda opción que incluirían la población no universitaria de 0 a 17 años y la población universitaria de 18 a 24 años, sin incorporar los alumnos procedentes de otras comunidades autónomas. Una tercera posibilidad también recogida en el informe es una población no universitaria de 1 a 17 años y alumnos de Formación Profesional superior y una población universitaria basada en los alumnos matriculados.
La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25% - 30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.
En el modelo actual sobre Servicios Sociales, el sistema de financiación autonómica evalúa las necesidades de gasto en servicios sociales en base a la variable población de 65 y más años. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos recursos se focalizan en las edades más avanzadas, la propuesta remitida incluye la necesidad de dividir ese grupo en dos. Es decir, un tramo sería de personas entre 65 y 79 años y otro grupo de mayores de 80 años. El mayor desglose permite una mejor adaptación a la realidad de este gasto. Asimismo, Hacienda señala que existe un elevado consenso en que los servicios sociales que asumen las CCAA alcanzan a una población que excede a los mayores. Por ese motivo, como novedad se incluye en esta variable los parados sin prestación por desempleo.
Respecto al gasto en el resto de servicios, tras analizar diferentes alternativas, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable. Eso significa que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada. En este caso, la ponderación de este indicador se reduciría del 30% actual a un baremo entre el 18% y el 22%.
Variables correctivas
La población ajustada también se compone de unas variables correctivas que tienen como objetivo garantizar una adecuada prestación de servicios en aquellas comunidades cuyas características geográficas inciden especialmente en sus necesidades de gasto. En ese sentido, el documento presentado tiene en cuenta un desafío clave para muchas regiones como es el reto demográfico. De hecho, el conjunto de estos factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual a una horquilla entre el 3%-4%. Forman parte de estas variables correctivas de carácter geográfico la superficie, despoblación, dispersión, insularidad y costes fijos.
En las últimas semanas, se ha producido una reunión de los barones del PSOE en Ferraz en un intento de lograr una postura común, sin éxito, de los consejeros de Hacienda del PP en Ceuta, y el encuentro de ocho comunidades despobladas en Santiago, de cinco barones del PSOE (Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja) y dos del PP (Castilla y León y Galicia), además del regionalista cántabro Miguel Ángel Revilla, que negocian un documento que exige cubrir el coste de los servicios en la ley de financiación.
