Tras dos años de pesquisas, la investigación a Conde y su entorno por presunto alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros delitos, encaraba una fase decisiva a la espera de dicho informe, que arroja luz sobre las acusaciones que apuntan a que el exbanquero habría incurrido en ocho delitos fiscales al utilizar varias de sus empresas para procurar "incrementos patrimoniales no justificados" en su renta.
Irregularidades de las que ya advertía el auto dictado en abril de 2016 por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que supuso el ingreso en prisión provisional tanto de Conde como del abogado de la familia, Francisco Javier de la Vega, régimen en el que permanecieron durante casi dos meses, y el arresto domiciliario de la hija del primero.
Este 2018 parece haber reactivado una "operación Fénix" a la que continúa llegando documentación fruto de las comisiones rogatorias libradas a países como Suiza, en los que habría actuado la red del exbanquero, que a finales de enero declaraba a petición propia en la Audiencia Nacional.
