Los autónomos acuden esta semana a una nueva reunión con el Gobierno sobre el sistema de cotización según ingresos reales que quiere implantar José Luis Escrivá sin que se hayan producido grandes avances, salvo el papel creciente que está ganando la Agencia Tributaria (AEAT) para intentar poner orden en el modelo y en la definición de qué son ingresos reales. Gran parte de los datos de que dispone el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones proviene de Hacienda, pero las peticiones de las organizaciones de autónomos que acuden a la mesa de negociación de más información, correcciones y aclaraciones van a llevar al Ministerio a las reuniones, según trasladan fuentes conocedoras. Éstas explican que el Ejecutivo ha transmitido que el secretario de Estado de Hacienda, Héctor Izquierdo, nombrado hace menos de un mes, se incorporará en cuanto tenga despejada su frenética agenda para ponerse al día con los temas del Ministerio.
Desde Inclusión subrayan que su propuesta es de todo el Gobierno. Este planteamiento, que los autónomos se encontraron con todo detalle en un medio a la salida de la reunión el 13 de enero en la que se les expuso con menos concreción, pretende articularse a partir de los rendimientos netos dopados, lo que cree el autónomo que va a ingresar, que puede ir corrigiendo cada dos meses, y al final del ejercicio. Una vez que la Agencia Tributaria (AEAT) compruebe, pedirá una regularización si se ha pagado de más o de menos. Todo ello, sin manejar datos sobre ingresos netos efectivos.
El sistema beneficia por tanto a los autónomos societarios, con más capacidad de deducción. En los datos que esgrime el Gobierno de beneficiarios con ingresos bajos, incluye los que están por debajo de SMI, los no habituales, esporádicos, de los que dos tercios son contribuyentes, que están de alta en Hacienda pero no tienen por qué estarlo en la Seguridad Social, con lo que le sale una masa muy importante. En concreto, de cerca de 850.000 entre declarantes y no declarantes, y de casi 700.000 sólo declarantes.
Dentro de este grupo, hay 400.000 familiares colaboradores de autónomos societarios y personas físicas que no tienen rendimientos, ya que declara el principal. A esto se añade que aunque van a pagar menos, van a tener prestaciones y pensiones mucho peores, si cotizan con base de 600 euros, casi la mitad del SMI, y tendrán derecho a pensiones muy bajas. En suma, de la reforma se benefician los tramos más altos, que van a pagar mucho pero ya lo pagan, pero luego se lo pueden deducir, y la Seguridad Social traslada el peso a Hacienda.
Posición de los autónomos
Ahora mismo está todo abierto, si bien el Gobierno no se ha movido de esta primera propuesta, el concepto de ingresos netos dopados, que plantea subidas de un 20% para la mitad del sector de aquí a 2031, por rebajas del 5% para el resto, según denuncia ATA, que pone de ejemplo que un autónomo que facture 2.300 euros al mes y no tenga gastos pagaría en 2031 el doble de cotización que ahora; o un periodista autónomo que facture 3.000 euros, el triple dentro de tres años. "Se trata de sustituir un sistema injusto por otro más injusto", ha denunciado. En este nuevo modelo de cotización, el Ministerio se encuentra con la dificultad de determinar qué son los ingresos reales, para lo que estipula los rendimientos netos topados, es decir, ingresos menos gastos más cotizaciones a la Seguridad Social sin poder incluir amortizaciones, con lo que siguen sin ser reales.
La propuesta, que rechazan frontalmente la asociación mayoritaria ATA, CEOE y Cepyme, sólo cuenta con la adhesión de la patronal Upta y de su sindicato afín, UGT, ligado al PSOE. Y con matices, ya que esta plataforma quiere que el proceso sea más rápido que lo que prevé el Ministerio y se implante en lugar de en nueve años, en seis. Según explica a este diario su presidente, Eduardo Abad, el primer año, 2023, tiene que ser el más fuerte. Es decir, sostienen que en 2023 se debería llevar a cabo que los que ahora pagan cuotas muy por encima de lo que les correspondería por sus ingresos ya vean disminuida la cuota de una manera muy notable. Al mismo tiempo, entienden que los que más cobran, empiecen a pagar más.
Este sistema traerá el fin de la voluntariedad en la elección de bases, ya que habrá que elegir obligatoriamente en función de los ingresos que se estimen. El tope se puso en su momento para evitar la llamada compra de pensiones, por la que se cotizaba en la mínima y, en los últimos años, por la máxima. Si se quita la voluntariedad, no tiene sentido seguir topando, y los autónomos podrán cotizar por las bases máximas. Cualquier limitación que se pusiese si ya no es voluntaria sería discriminatoria y puede que inconstitucional.
Uatae, próximo a CCOO, ha planteado una iniciativa sobre el beneficio neto real de la actividad, ingresos obtenidos descontados todos los gastos deducibles, incluida la cuota que deben abonar a la Seguridad Social. Esto acercaría la regulación del autónomo a del asalariado. Además de descontarse la cuota, esta organización también pide que se contemplen las amortizaciones.
Se trata de un planteamiento no alejado del que hace ATA, que critica la propuesta del Ministerio precisamente por no incluir los pla de Uatae sobre gastos deducibles. Sin embargo, ATA va más lejos y rechaza el nuevo modelo: cree que debe mantenerse la libre elección a lo largo del año y sólo vincular la cuota a los ingresos reales con el ejercicio ya cerrado y entonces regularizar, lo que aseguran que es lo que se acordó con el Gobierno en julio. Así, apuntan que el autónomo sabe que si se desvía mucho a la baja, le tocará pagar. Buscan que sea meramente indicativo y se siga respetando la voluntariedad, ya que va a haber regularización sí o sí fiscal, lo contrario es muy complejo e introduce distorsiones.
La patronal mayoritaria recuerda que hay distintas casuísticas de los autónomos que hacen muy difícil un modelo de este tipo, como el que a diferencia de los asalariados, muchos tienen pérdidas, a lo que se añaden las dificultades de vincular un concepto tributario como si fuera salario, cuando no es regular ni es igual para todos. Así, el transporte se puede deducir el combustible pero un jefe de obra no, y que se calcule un concepto de Seguridad Social respecto al rendimiento de actividad económica en el IRPF genera cierta doble imposición. Estos modelos se vienen estudiando desde 2008, sin éxito, apuntan.
En este escenario, las patronales vienen reclamando más información a la Agencia Tributaria; por ejemplo, en el caso de ATA, plantean que los rendimientos anuales de 2019 que proporciona ahora Inclusión no les cuadran frente a los que constan de la AEAT. A lo que añaden que requieren más detalle sobre ingresos y gastos.
A Upta le parecen suficientes los datos de que se dispone para modificar el sistema, y no cree que proceda la "eterna discusión sobre qué son rendimientos netos", aunque admiten que hay que clarificar en qué base de cotización tienen que estar los que tienen rendimientos cero. Eso sí, advierte de que no puede ser que lleve a perder ingresos a la Seguridad Social.
El Gobierno está estudiando que todos los autónomos tengan que hacer la declaración de la Renta y tengan más obligaciones formales con el fin de mejorar su información. Todos los autónomos, independientemente de su renta y rendimientos, tendrían que presentar la declaración, incluidos los autónomos con ingresos por debajo 1.000 euros, ahora exentos de la obligación formal (lo que en el caso de los asalariados, se aplica para ingresos de más de 14.000 euros). A lo que se añadirían otras exigencias informativas. Esta iniciativa, para la que el Ministerio de Inclusión se está reuniendo con la AEAT, implica que está reconociendo que no tiene la información necesaria para poner en marcha este sistema, o que la que tiene es inexacta, añaden desde la Federación de autónomos mayoritaria.
Eduardo Abad entiende que esta nueva obligación sólo afecta a los socios de sociedades a los que la empresa les paga a través de una nómina inferior a 20.000 euros, que son 200.000.
Módulos y control de facturas
"Escrivá quiere construir la casa por el tejado", lamentan en ATA. Se preguntan qué sentido tiene sacar un sistema que distorsiona cuando faltan datos y sin hacer una profunda reforma tributaria con la implantación de la factura electrónica y la mejora de la información que supondría, lo que podría entonces vincularse a las cotizaciones. De entrada, Hacienda todavía tiene en vigor el sistema de módulos. Y por qué hacerlo ahora cuando la AEAT quiere emprender precisamente esa reforma.
En paralelo, existe desde hace tiempo un grupo de trabajo de los autónomos con la AEAT que analiza el fin del sistema de módulos y que ahora mismo sólo ha empezado a estudiar un sistema que le permita controlar la facturación de pymes y autónomos en tiempo real, un modelo que ya aplica desde 2017 a las grandes empresas, el Suministro Inmediato de Información (SII) y que incluso a éstas les ha resultado adaptarse complejo y costoso. La oportunidad ha llegado a través del Plan de Recuperación, de la mano del Kit Digital, iniciativa del Gobierno recientemente presentada con una dotación de 3.000 millones de euros que el Fisco quiere que subvencione la entrada de las pymes por este aro de la remisión instantánea de tickets para controlar el cumplimiento en la gestión del IVA. Y de paso, armar un mecanismo que permita la implementación total del nuevo borrador del IVA que prepara.
