Desarrollar la movilidad eléctrica en España es un reto que se está impulsando desde muchos ámbitos, especialmente por parte de los fabricantes. Pero requiere un apoyo decidido por parte de las Administraciones, para impulsar una infraestructura que permita dar servicio a los millones de turismos eléctricos que circularán en pocos años por ciudades y carreteras españolas.
Por ello, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) ha remitido una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda solicitando coherencia entre los objetivos de descarbonización y la política fiscal que debería facilitar dichos objetivos; y no gravar los puntos de recarga de vehículo eléctrico con dos cuotas, una municipal y una nacional, tal y como figura actualmente en los Presupuestos Generales del Estado para este año.
Para el director general de la asociación, Arturo Pérez de Lucia, este gravamen puede suponer una barrera para desarrollar la red de recarga de vehículos eléctricos y dificultar por ello el objetivo que el Gobierno expresó a finales de 2020 de implementar 100.000 puntos de recarga en cuatro años. Esta es una parte de su estrategia para electrificar el parque móvil en España y lograr cinco millones de vehículos eléctricos en 2030. Sin una red extensa de puntos de carga será imposible implantar en España el coche eléctrico.
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) señala en el caso de impuestos directos para los puntos de recarga de vehículos eléctricos una cuota municipal por cada punto de recarga, a satisfacer por el titular del establecimiento o local en el que el punto de recarga esté instalado; y otra cuota nacional por ese mismo punto de recarga, a satisfacer por el propietario de los puntos de recarga.
Una situación similar a la que se plantea para máquinas expendedoras, por las que tanto el dueño del establecimiento como el de la máquina pagan una cuota, pero porque en esa actividad, ambos actores se reparten las ganancias de la máquina, cosa que no sucede con los puntos de recarga. Por ello AEDIVE ha solicitado a la Secretaría de Estado de Hacienda que se elimine la cuota municipal para el dueño del establecimiento, ya que puede suponer un foco de conflicto con los ayuntamientos.
Coste cero los primeros años
Asimismo, que la cuota nacional sea a coste cero al menos durante los primeros 3 o 5 años, con el fin de incentivar la actividad y posteriormente, adecuar la cuota al epígrafe genérico de venta de energía de modo progresivo (cuota menor para 1-5 puntos que para 1.000). Ahora se paga cien veces más en el IAE por suministrar energía en un punto de recarga de un parking que por suministrar electricidad al parking entero.
Para AEDIVE, en un momento como el actual y cuando ya se estaban empezando a superar los efectos de una regulación que lastró el despliegue de infraestructuras de recarga durante 8 años (con la creación de la figura del gestor de carga) una nueva medida impositiva se aleja de los objetivos e impulso que está acometiendo desde su creación el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Por otra parte, el despliegue de infraestructuras de recarga, su instalación, operación y mantenimiento es una actividad que, lejos de suponer beneficios económicos para quienes la desarrollan, implica un esfuerzo inversor importante, que las empresas del sector asumen como apuesta de futuro en la estrategia para electrificar la movilidad.
“Si queremos seguir la estela de los países más desarrollados en movilidad eléctrica y la apuesta del Gobierno por impulsar su crecimiento, debería de haber estrategias coordinadas entre todos los ministerios y establecerse un criterio común para ayudar a cumplir los objetivos marcados por el Ejecutivo en movilidad eléctrica”, ha añadido el representante de AEDIVE.
La Asociación ha destacado la necesidad de incidir en otros aspectos fiscales vinculados a la movilidad eléctrica como la reducción del IVA en la compra de vehículos eléctricos o que las ayudas a la compra del MOVES no tributen como rendimientos del trabajo, además de que la central de compras del Estado, dependiente de esta Hacienda, actualice sus procedimientos para que en futuras compras de flota por parte del Estado haya coherencia con el espíritu del PNIEC y de los objetivos del Gobierno en la electrificación de la movilidad en España.
AEDIVE ha recordado, asimismo, que los operadores de recarga se siguen enfrentando a las barreras administrativas para la concesión de permisos y licencias que lastran la implementación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y que esa debiera de ser la prioridad del Gobierno, en estos momentos, en lo que atañe a las infraestructuras de carga para la movilidad eléctrica.
