Los años pasan pero el conflicto entre Hacienda y la familia Segura Rodríguez, impulsora de la primera socimi de viviendas, locales y oficinas que saltó al parqué español bajo el actual régimen fiscal, Entrecampos Cuatro, sigue sin resolverse.
Los Segura Rodríguez (cuatro hermanos) son una familia vinculada al negocio inmobiliario desde los años 50. Hoy tienen viviendas, oficinas, locales comerciales, trasteros y un geriátrico en Madrid, Zaragoza, Mallorca y Berlín. La Agencia Tributaria les reclama, desde febrero del año 2011, saldar una sanción por una maniobra de fracciones empresariales de la entonces llamada Camporredondo-Puerta de Hierro, S.L. para supuestamente evitar pagos del Impuesto de Sociedades en los ejercicios 2004 y 2005.
Los recursos entre Hacienda y los Segura Rodríguez se han ido sucediendo hasta la fecha actual, en la que el litigio está todavía pendiente de una resolución definitiva en el Tribunal Económico-Administrativo Central de Madrid, según ha comunicado esta semana Entrecampos al mercado de inversores. Los Segura Rodríguez han hipotecado inmuebles de distintas sociedades por valor de 81 millones a favor del Estado para suspender la ejecución de la deuda, de 63,8 millones (con los intereses tasados a fecha de 2018) "más un 25% en concepto de costas y gastos".
Entrecampos Cuatro, luego convertida en socimi, emana de la primera de estas sociedades. "La fórmula de las Socimis nos gusta porque nos permite crecer en el mercado y dar continuidad en el tiempo a una compañía familiar, evitando conflictos en la sucesión", decían a Expansión en 2013 los impulsores de la primera entidad en salir a cotizar bajo este régimen especial de vehículos de inversión en activos de alquiler. "No nos preocupa especialmente la acción porque nuestra vocación es a largo plazo. La compañía tiene un valor por los inmuebles y su gestión".
Una socimi sin nuevos inversores
El régimen socimi está pensado para atraer inversión internacional: las socimis no pagan el impuesto de Sociedades pero están obligadas a repartir el 80% de sus beneficios en formato de dividendos a sus accionistas. A fecha de hoy, los accionistas de Entrecampos son los Segura Rodríguez.
Entrecampos comenzó a cotizar en 2013 con activos por valor de 102 millones, el mismo valor que sumaban a cierre de 2019, según se desprende de las últimas cuentas presentadas por Entrecampos al Mercado Alternativo Bursátil. Su facturación fue de 5,7 millones en 2019, año que cerró con pérdidas por 1,2 millones. La cantidad reclamada en total a los Segura Rodríguez equivale, sin contar costas ni nuevos intereses, al actual patrimonio neto de la cotizada Entrecampos, de 65 millones a cierre del último ejercicio.
"En el balance consolidado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 no se ha registrado una provisión para cubrir este pasivo (la deuda a Hacienda) y la información facilitada por la Sociedad Dominante (Entrecampos) no nos ha permitido disponer de datos suficientes que nos permitan determinar razonablemente la probabilidad de ocurrencia ni cuantificar el importe final resultante", afirma la auditora de las últimas cuentas de Entrecampos, Auren Auditores.
La primera socimi
En paralelo al litigio fiscal, Entrecampos no solo cuenta con el título en su haber de haber sido la más rápida en acogerse al régimen implementado en 2013 sino de estar entre las fundadoras de la 'patronal' creada en 2018 para defender los interes de las socimis, Asocimi. Desde este última han confirmado el rol fundador de Entrecampos pero, sobre el conflicto con Hacienda, han preferido no pronunciarse.
Vozpópuli ha querido ponerse en contacto sobre el asunto con Entrecampos pero no ha sido posible obtener una respuesta. Según ha trasladado a los inversores, Entrecampos recurrirá a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo si es necesario. Las cuentas de la socimi no incluyen una provisión para el escenario de un varapalo definitivo de Hacienda aunque descuentan que el fallo contrario tendría un "impacto significativo" en la entidad cotizada, que por su parte ha hipotecado activos, según la empresa, por valor de 21 millones para frenar la ejecución de la deuda.
