El enfrentamiento interno en el Gobierno empieza a transformarse en descoordinación. El choque entre Montoro y De Guindos ha provocado que una de las que más urgían para aliviar a las autonomías se retrase, al menos, una semana. Los “hispanobonos” no saldrán adelante porque Hacienda ha dicho “no” al esquema que planteaba Economía.
El Ministerio de Economía planteaba la creación de una cesta de deuda que financiaría a las autonomías de manera condicional, es decir, siempre que las comunidades autónomas se sometieran a criterios de austeridad y supervisión por parte del Gobierno. Según ese esquema, los “hispanobonos” se emitirían de forma inmediata y serían más restrictivos en su segunda ronda.
Hacienda ha frenado esa idea y ha impuesto un esquema de avales que pretende limitar la emisión desde el primer momento. El diseño de Montoro deja en manos del Gobierno la capacidad de visar y vetar cualquier solicitud autonómica. Los avales del Estado serán avales condicionados a exigencias de austeridad y más políticas de ajuste.
Otra rectificación financiera
El cambio supone otra rectificación financiera del Gobierno que ya había presentado sus planes a los bancos colocadores. El Tesoro expuso a la gran banca cómo iban a funcionar los “hispanobonos” hasta el punto de que entidades como Morgan Stanley lo habían plasmado ya en su documentación interna a la que ha tenido acceso Vozpópuli y que se muestra a continuación.
Ese diseño informaba de la creación de una "cesta de deuda" que se colocaría directamente entre los inversores con una prima de entre 70 y 90 puntos básicos por encima de lo que pagan las colocaciones soberanas del Tesoro. A cambio, las autonomías deberían adquirir compromisos de austeridad en primera instancia y cualquier segunda ronda estaría condicionada al cumplimiento de esos compromisos.
El ejemplo que el Gobierno trasladó a los bancos colocadores, según fuentes bancarias, incluía a las cuatro comunidades con más posibilidades de recurrir a ese esquema (Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía) y cifraba en 35.000 millones las necesidades de financiación autonómica, pese a que el Ejecutivo matizó después que sólo 17.000 millones seguían pendientes de recaudación este año.
La urgencia de la financiación dilatada por el Gobierno
La financiación autonómica es una de las cuestiones más urgentes que tiene entre las manos el Gobierno Central. El retraso tiene, por tanto, un coste político pero fuentes del Ejecutivo restan importancia al nuevo plazo porque afirman que con las actuales condiciones de mercado y la prima de riesgo por las nubes, el Gobierno tampoco podría haber acudido a los mercados para captar financiación autonómica. “Habría que esperar de todas formas”, afirman fuentes del Gobierno, que aseguran que el instrumento podría estar aprobado en una semana que, en cualquier caso, “se trata de un retraso y no de una cancelación”.
