Los robos en los supermercados son uno de los grandes problemas para estas compañías, que llevan años batallando para tratar que la dureza de las condenas sobre los ladrones multirreincidentes sea mayor. El último método para tratar de combatirlos, el de Mercadona con sus cámaras de detección facial, no está exento de polémica y supone un gran reto para la protección de datos personales.
No obstante, lo cierto es que la cadena valenciana solo podrá impedir el acceso a su tienda a personas con sentencia firme y medida cautelar de orden de alejamiento en vigor contra el establecimiento de Mercadona o contra alguno de sus trabajadores.
Una medida, la de la orden de alejamiento, que no se impone en muchos de los casos de hurto en supermercados, según denuncian la CEOE y Asedas, lo que deja desprotegidos a los establecimientos ante casos en los que la persona que se lleva productos del supermercado lo hace una y otra vez por una cuantía que no supere los 400 euros. "La realidad a día de hoy es que no existe una herramienta jurídica para luchar contra la multirreincidencia de menos de esa cantidad", asegura la patronal de los empresarios.
Para estos dos organismos, las sentencias para hurtos reincidentes se limitan al pago de multas, "que raramente se hacen efectivas", y el ritmo de denuncias se mantiene en torno a las 700.000 al año.
Bandas organizadas
En concreto, y según los cálculos realizados por la patronal en el Documento de posición sobre el hurto multirreincidente en el comercio en España, se estima que los comerciantes pierden por esta causa unos 1.800 millones de euros al año. "Es preciso señalar que los hurtos los realizan bandas organizadas que buscan productos de alto valor, como botellas de alcohol o embutidos de calidad, y que encuentran fácil salida en el mercado negro", apuntan los autores del informe.
Para la CEOE, los profesionales del hurto adoptan diferentes actitudes cuando se les aplican la pena de multa. "Unos aceptan el pago de las multas como una cuota o canon que pagan por tener esta profesión y otros no abonan las multas y buscan formas de eludir el pago hasta que la pena prescribe", dice el documento.
En este punto, la patronal considera que sistema de imposición de multas para castigar el delito de hurto tal y como está regulado no es un sistema efectivo para solucionar el problema de "la profesionalización del hurto". Por eso, la CEOE lleva meses reclamando la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la Ejecución de Delitos Leves. En concreto, la propuesta consiste en añadir al artículo 235 del citado Código dos puntos, por los cuales cuando existan dos delitos de hurto menores de 400 euros, se pueda imponer multa de 1 a 3 meses y orden de alejamiento y, en caso de un tercer delito por hurto, imponer pena de prisión de 6 a 18 meses y también orden de alejamiento.
Para la patronal de los empresarios, los hechos demuestran que "castigando con simples multas el delincuente no cesa en su actitud, porque esa pena no cumple con la finalidad de reeducar y reinsertar y, además, en la mayoría de las situaciones es inejecutable". A su juicio, la reforma del Código Penal, con multas más altas y órdenes de alejamiento generalizadas, protegería a las cadenas de forma más solvente.
