Iberdrola ha suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) un nuevo préstamo verde por importe de 59,4 millones de euros para acelerar el despliegue de su plan movilidad sostenible, que contempla la instalación de 150.000 puntos de recarga en hogares, empresas y en la vía pública en los próximos cinco años.
En este caso, la financiación permitirá reforzar la red de recarga en vía pública de Iberdrola en España y Portugal con hasta 2.500 nuevos puntos. La financiación suscrita con el ICO, con vencimiento a nueve años, representa el cuarto préstamo verde que concede el Instituto a la compañía española con el objetivo de potenciar la producción y uso de energía a partir de fuentes renovables y no contaminantes.
El plan de electrificación de la movilidad de Iberdrola cuenta también con el respaldo de la Comisión Europea, a través de una subvención por un importe de 13 millones de euros concedida a la compañía en el marco de la convocatoria CEF Transport Blending Facilities por la Innovation and Networks Executive Agency (INEA), que contribuirá a financiar la instalación de 2.339 puntos de recarga en vía pública rápidos, súper rápidos y ultrarrápidos para vehículos eléctricos en España y Portugal hasta 2023.
Redes transeuropeas
Estas nuevas estaciones de recarga se ubicarán en vías de alta capacidad de los dos países y en puntos cercanos a las redes transeuropeas de transporte (TEN-T).
El ICO cuenta con el estatus de Implementing Partner de este programa CEF, con el objetivo de facilitar el acceso de las empresas españolas a este tipo de iniciativas de la Unión Europea. En concreto, esta convocatoria ha impulsado las operaciones de Blending, aquellas que combinan el uso de subvención del mecanismo CEF con una componente de préstamo de una de las entidades acreditadas en este programa, como es el ICO.
Las propuestas que promueven las entidades acreditadas en el marco del programa CEF cuentan expresamente con la conformidad del respectivo Gobierno del Estado miembro de la Unión en el que radiquen las instituciones o empresas solicitantes. En España, corresponde dar esa conformidad al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
