Iberdrola, Endesa y EDP pasan al ataque contra el ‘impuestazo’. La asociación que integra a las tres empresas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector.
“La asociación de las principales eléctricas en España recurre directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas”, explican desde aelec. La asociación considera que este gravamen es discriminatorio e injustificado. En primer lugar, porque es el único en Europa. La Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico.
“Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior”, explican.
Iberdrola y Endesa defienden sus ingresos
En segundo lugar, porque castiga los ingresos. En Europa, la medida es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. “Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%”, señalan. En tercer lugar, Iberdrola, Endesa y EDP lo consideran discriminatorio porque solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas.
La propuesta de la Unión Europea es un impuesto del 33% sobre los beneficios extraordinarios de este año (diferencia entre 2022 y el beneficio medio de 2018- 2021 más un incremento del 20%) con el foco puesto en petroleras y gasistas.
Por último, las eléctricas ven que existe incoherencia fiscal. La medida grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67€/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas.
