Evitar la imputación de Iberdrola y/o sus filiales como persona jurídica. Ese es uno de los principales objetivos del pool de despachos de abogados que la empresa que preside Ignacio Galán se ha marcado de cara a su batalla legal con el comisario Villarejo, según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli. La reforma del Código Penal de 2010 acabó con el aforismo 'societas delinquere non potest' (la sociedad no puede delinquir) y en la eléctrica se han marcado como objetivo evitar a toda costa una imputación.
La responsabilidad penal de las empresas está regulada en el artículo 31 bis del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. La normativa establece que las compañías pueden ser declaradas penalmente responsables de determinados delitos que cometan los empleados en beneficio de la sociedad. Esta ley está vigente desde 2011, por lo que solo se puede utilizar esta imputación para los pagos hechos al comisario a partir de esa fecha, lo que blinda a la compañía por todos los pagos efectuados con anterioridad.
A este respecto, cabe precisar dos periodos de tiempo. Entre 2004 y 2009, los pagos fueron efectuados a través de la matriz de Iberdrola. Entre 2012 y 2017, los dos pagos pasaron a llevar el sello de Iberdrola Renovables, por lo que en principio solo se podría imputar a esta última sociedad, que no preside Galán.
Actualmente, existen dos vías para que se pueda atribuir responsabilidad penal a una compañía. La primera es cuando alguno de sus representantes legales o administradores cometa el delito en beneficio de la compañía y la segunda cuando alguno de los empleados cometa un delito, también en favor de la empresa, por la falta de controles internos.
En el segundo caso, las políticas de compliance (cumplimiento normativo) juegan un papel clave. Esto es, todo el sistema de controles internos diseñado por la compañía para evitar o disminuir el riesgo de comisión de delitos. Si Iberdrola demuestra que cuenta con un sólido programa de compliance, la ley determina que podría ser eximido de responsabilidades penales.
La ley establece un listado de una treintena de delitos por los que puede ser condenada una empresa, entre los que se encuentra el descubrimiento y revelación de secretos, el uso de información privilegiada o el tráfico de influencias, por poner algunos ejemplos. El pasado verano, BBVA fue imputado por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, si bien la cuantía de los casos difiere: 1,1 millones la eléctrica frente a los al menos 3 millones de BBVA.
Entre las posibles penas, el apartado 7 del artículo 33 del Código Penal establece diferentes opciones, desde una multa a la disolución de la compañía, esto último solo para casos de extrema gravedad. También puede determinar la suspensión de las actividades de la empresa durante un tiempo establecido o la inhabilitación por un plazo máximo de 15 años para obtener subvenciones o ayudas públicas, entre otras. En caso de imputación, la ley no determina quién debe actuar como representante, lo decide la propia empresa.
Actualmente, la Audiencia Nacional investiga la relación entre Villarejo e Iberdrola en la pieza número 17 de la macrocausa. El juez encargado es Manuel García Castellón, quien a finales de noviembre imputó a Antonio Asenjo, exresponsable de seguridad de la casa. Esta manera de proceder recuerda a la pieza sobre BBVA, donde también fue imputado en primer lugar su responsable de seguridad, Julio Corrochano. Ambos eran, presumiblemente, los interlocutores de Villarejo en sus respectivas casas.
Iberdrola ha señalado que su posición en este asunto es "de máxima transparencia y colaboración con la Administración de Justicia". La compañía asegura que "no tiene nada que ocultar" y "respalda cualquier iniciativa que contribuya al esclarecimiento de los hechos". El juez abrió una pieza separada sobre este asunto tras las informaciones desveladas por El Confidencial y Moncloa.com.
Estrellas de la abogacía
Para esta batalla de alto voltaje, Iberdrola se ha pertrechado con un equipo de reconocidos asesores legales: José Ángel González Franco, penalista de González Franco Abogados; Jesús Santos, socio responsable del área penal de Baker McKenzie y César Albiñana, socio director de CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
La lista la completan Rafael Sebastián, socio de mercantil de Uría Menéndez; Fernando Vives, presidente de Garrigues y José Merino, exmagistrado y socio de Business & Law, según adelantó Expansión.
En concreto, según ha podido confirmar Vozpópuli, González Franco es quien se encarga de la defensa ante la Audiencia Nacional, Albiñana lleva la de Iberdrola Renovables, Uría se encarga de las relaciones con la CNMV, Garrigues de los asuntos de gobierno corporativo y Baker y Business & Law colaboran en el diseño de la estrategia penal.
