El Gobierno se ha quedado totalmente solo en la defensa de sus objetivos de déficit. Hace meses que se comprometió con Bruselas a bajar el desfase del 3,1% del PIB al 2,2% este año y al 1,3% el año que viene, pero lo cierto es que, hoy por hoy, nadie da por buenas esas cifras. Ni la banca, ni los empresarios, ni los servicios de estudios ven capaz al Gobierno de cumplir lo pactado.
Los más pesimistas creen que el déficit podría irse al 2,8% y hay quien incluso empieza a dudar de la posibilidad de que España salga del procedimiento de déficit excesivo, sobre todo ahora que el petróleo está más caro y tras los compromisos que ha adquirido el Gobierno con PNV para asegurar el Presupuesto. Santander y BBVA están entre los más pesimistas.
La entidad presidida por Ana Botín cree que el desfase puede irse al 2,8% y la de Francisco González ya dijo en abril que se podría situar en el 2,6% o 2,7% si finalmente se aprobaban los Presupuestos. Eso sí, en aquel momento no se conocía el acuerdo con los nacionalistas vascos para subir todas las pensiones un 1,6% este año y el que viene. El acuerdo podría elevar al menos una décima más el desfase.
Impacto del crudo
Los PGE tampoco tenían en cuenta el impacto de la subida del precio del barril de petróleo que ha provocado la ruptura del pacto nuclear por parte de Estados Unidos. Hoy en día el crudo sigue por encima de los 75 dólares por barril, un nivel que, si se mantiene en los próximos meses, afectará sin duda al déficit. El propio Gobierno hizo un análisis de sensibilidad respecto a posibles cambios en las hipótesis considerados en el escenario base con escenarios poco esperanzadores.
Según este análisis, si el precio se mantiene en el entorno de los 75 dólares por barril en lo que queda de año, el PIB, el consumo, el empleo, el déficit y la deuda se comportarán peor de lo plasmado en el cuadro macroeconómico oficial. El efecto en la economía será de 7 décimas, es decir, unos 8.000 millones de euros, y de ocho en el caso del empleo. El déficit, por su parte, podría elevarse cuatro décimas y la deuda aumentar en más de un punto.
Bankia, Caixabank, la CEOE y otros organismos como AFI, el IEE, Axesor o Ceprede tampoco ven posible cumplir con el 2,2%
Otras empresas del Ibex como Bankia y Caixabank también dan por hecho que el Gobierno no cumplirá el déficit. La patronal CEOE no es de las pesimistas, pero también cree el Gobierno se desviará al menos tres décimas. Y otros organismos económicos como AFI (Analistas Financieros), Axesor, Cemex, Ceprede, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Intermoney, el Instituto Complutense de Análisis Económico y el Centro de Estudios Económicos de Madrid también esperan un nuevo incumplimiento.
Del panel que elabora la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que incluye a 17 expertos, solo tres consideran posible el 2,2% oficial: Cámara de Comercio, la propia Funcas y Repsol. Lo que no sabemos es si estas previsiones incluyen la última subida de pensiones, que costará 1.500 millones de euros adicionales, y la subida del precio del petróleo. Y la media de los 17 arroja un déficit público del 2,5% al cierre del año.
La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) tampoco se creen las cifras del Gobierno. Bruselas espera un déficit del 2,6% sin contar con las pensiones, así que es posible que acabe elevando esta cifra hasta el 2,7%. Y el FMI lo cifra, de momento, en el 2,5% y avisa de que en el año 2023 el desfase seguirá por encima del 2,2% del PIB.
Nuevos impuestos
Aunque el Gobierno ha anunciado su intención de poner en marcha nuevos impuestos para financiar las subidas de pensiones pactadas sin afectar al déficit, muchos expertos dudan de la posibilidad de que se hagan a tiempo para poder cuadrar las cuentas. En concreto, el Gobierno quiere poner en marcha un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas y recaudar 600 millones ya este año. Pero los técnicos del Ministerio, por ejemplo, creen que como mucho recaudaría 300 millones.
El Gobierno tiene en mente otros cambios fiscales, pero no quiere concretar nada de momento. Es consciente de que necesita apoyos y quiere negociarlos con los grupos políticos. Lo único que ha dejado claro el Ejecutivo es que paguen los sujetos pasivos que menos aportan y sin afectar al crecimiento económico y al empleo. Habrá que esperar un poco más para conocer los detalles.
