Ayer se supo que la Fiscalía Anticorrupción quiere abrir juicio penal contra PwC por el pago de unos bonus pagados de forma presuntamente irregular en el proceso de reordenación societaria de la entidad al fusionarse Price Waterhouse con Cooper's & Lybrands. La comunicación llegó tras un sorprendente comunicado de la Fiscalía, que emitió incluso una nota de prensa, algo que el organismo sólo hace en casos de gran calado mediático ('caso Bárcenas', Gürtel, operaciones contra mafias internacionales…). Todo esto llega a raíz de una demanda de un antiguo socio, llamado Román Luquin.
Este socio dejó la firma poco antes de que PwC vendiera su división de consultoría a IBM en 2002. Luquin se marchó poco antes, pero siendo perfecto conocedor de que se iba a segregar en todo el mundo esa división, algo obligatorio por el caso Enron, que obligó a separar las áreas de negocio.
El ex socio dejó pactado que si esa división salía a Bolsa mediante una OPV, debería obtener una nueva indemnización. Todo parecía listo y de hecho, ya había nombre para la nueva compañía resultante: Monday. Pero finalmente, la consultora de PwC se vendió a escala mundial a IBM.
1,8 millones
Luquin, que había recibido 1,8 millones de euros en su salida previa, reclamó más, pero su antigua compañía no accedió. A partir de ahí, comenzó una espiral de demandas por parte del afectado y filtraciones a prensa.
Los tribunales fueron desestimando las demandas pero finalmente un laudo arbitral estableció que PwC debía incrementar en 370.000 euros la indemnización. Por su lado, las apariciones en prensa provocaron la irrupción de la Fiscalía que, como los hechos ya estaban prescritos, fue por la causa penal.
La entidad afectada se ha negado siempre a lograr ningún tipo de acuerdo y si se tiene que sentar en el banquillo, se sentará. ¿Qué hay detrás de la insistencia de Anticorrupción por perseguir un caso que los tribunales ya han rechazado de antemano? ¿Detección real de delito o ganas de ejemplarizar? Habrá que ver si realmente se llega a abrir juicio oral.
De momento, PwC difundía este martes el siguiente argumentario de defensa al respecto que, desde luego, no puede tacharse de incompleto:
1- Negamos rotundamente las acusaciones que se nos imputan.
2- Estamos convencidos –nosotros y los múltiples expertos fiscalistas con los que hemos consultado este tema- de que nuestra actuación fue absolutamente correcta y ajustada a Derecho y la seguiremos defendiendo con rigor y contundencia, con el convencimiento de que finalmente se reconocerá la verdad y se desestimará la acusación del Ministerio Fiscal (de hecho, la Hacienda Foral de Vizcaya, que estaba personada en el proceso, ya ha dicho que no formulará ninguna acusación).
3- No ha habido ocultación ni defraudación alguna. Todas las operaciones y cantidades han sido declaradas y formuladas con todos los requisitos legales.
4- Recurriremos la opinión del fiscal ante los órganos judiciales competentes.
El escrito, que pone fin a las diligencias previas iniciadas en 2008, se basa en dos afirmaciones. La primera, que la reestructuración societaria que llevamos a cabo en 2002 antes de la venta de PwC Consulting no podía acogerse a los beneficios fiscales contemplados en las normativas estatal y foral de fusiones y escisiones. La segunda, que la compensación recibida por los socios españoles por esa venta debería haber tributado como rendimientos del trabajo y no como un incremento patrimonial. Sin embargo, ninguno de estos argumentos se corresponde con la realidad.
Reestructuración societaria:
1. La reestructuración societaria no fue una operación ficticia, como sostiene el fiscal, con el objetivo único de eludir impuestos sino que fue una operación real como se hizo público y evidente y, por lo tanto, se acogió a los beneficios fiscales correspondientes. Esa estructura es la misma que está hoy vigente.
2. La finalidad de la reestructuración fue adecuar las estructuras societarias y accionariales de las distintas sociedades con motivo de la fusión de Pricewaterhouse y Coopers&Lybrand, necesaria para posibilitar el funcionamiento operativo de los negocios y, además, una eventual segregación del negocio de Consultoría de sistemas, de la que ya había comenzado a hablarse en aquellas fechas en todo el mundo. En la antigua Coopers&Lybrand se asignaban cada año participaciones sociales a los socios en función de su performance porque ellos tenían una relación mercantil. En cambio, en la antigua Pricewaterhouse las acciones que tenía cada socio no eran representativas de su antigüedad, rol o performance porque todos estaban en régimen laboral.
3. La reestructuración se hizo en dos fases: una primera en la que se redujo el capital de PwC SL igualando todas las participaciones con un posterior aumento y reasignación de participaciones. Y una segunda en la que se escindía la actividad de consultoría, aportando la cartera de valores y participando los socios en la sociedad escindida (PwC Consulting SL) en la misma proporción que tenían en ese momento en PwC SL. Todo ello en un régimen de neutralidad fiscal. El proceso fue público y transparente: se comunicó a los clientes y al mercado, a Hacienda (foral y estatal), se hizo ante notario, se inscribió en el Registro Mercantil, se publicó en el BOE y en la prensa.
4. Se trató, por tanto, de una operación real, transparente y con todos los requisitos legales para adecuar las estructuras accionariales y societarias para posibilitar el funcionamiento operativo de las sociedades y la segregación de PwC Consulting, y por eso se acogió a los beneficios fiscales contemplados la normativa. Fue por tanto una operación con sustrato económico válido y no, como sostiene el fiscal, una operación ficticia con la única finalidad de eludir impuestos. Así lo entendió las Administración Tributaria, a la que se comunicó la operación y que durante el plazo de prescripción de cuatro años no hizo ninguna observación ni solicitud de información o aclaración.
Tributación como incremento patrimonial
1. En enero de 2002, se anunció que la segregación de PwC Consulting se haría a través de una OPV, la operación se frustró y finalmente se materializó diez meses más tarde, en octubre de 2002, con la venta a IBM por 3.500 millones de dólares. Ese mismo mes, los socios de PwC España recibieron de la firma internacional una compensación de 20,9 millones de euros por la pérdida de la división de Consultoría en España, ya que entonces este negocio en nuestro país era uno de los dos que más había crecido en el mundo.
2. Los socios tributaron por dicha compensación como un incremento de patrimonio, puesto que no correspondía a servicios laborales prestados ni a beneficios de PwC España. El fiscal, sostiene –simplemente porque internamente este pago se denominó “chairman bonus” y porque se materializó antes de la venta definitiva a IBM- que se trataba de una renta del trabajo y, por tanto, la firma debería haber realizado la correspondiente retención y los socios haberla declarado en su IRPF como tal en lugar de como un incremento de patrimonio.
3. El fiscal, además del nombre de “chairman bonus”, esgrime que enviamos una nota interna explicando cómo debería declararse este ingreso. Es cierto que lo hicimos. Este hecho -absolutamente normal en una firma en la que conviven consultores, abogados, auditores…y en la que no todos somos expertos fiscalistas- , es interpretado por el fiscal como una especie de manual de instrucciones para eludir impuestos y obtener unas ventajas fiscales que no nos correspondían…
El origen de esta denuncia no fue una investigación de Hacienda sino que parte de un escrito de Román Luquín, un ex socio de PwC, que reclamó una cantidad de dinero por la venta de la división de Consultoría cuando él ya no estaba en la firma. Un arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid y diversos órganos jurisdiccionales le denegaron su pretensión. Posteriormente intentó chantajear a la firma -algo que tuvo incluso reflejo en los medios- manejando de forma torticera la información sobre la venta de PwC Consulting con el objetivo de vengarse y sembrar dudas sobre la operación y llevar a engaño al Ministerio Fiscal.
En PwC consideramos que nuestra actuación fue absolutamente correcta y ajustada a Derecho y la seguiremos defendiendo con rigor y contundencia, con el convencimiento de que finalmente se reconocerá la verdad y se desestimará la acusación del Ministerio Fiscal.
