El Ministerio de Sanidad gastó durante el estado de alarma cerca de mil millones de euros en material sanitario en más de un centenar de contratos. Estas adjudicaciones se daban a dedo y sin concurso debido a la situación de emergencia. Entre los proveedores aparecían desde brokers de Hong Kong hasta pymes sin experiencia que acumulaban varios años en números rojos. Tras el fin del estado de alarma, esta diversidad se ha acabado.
El equipo de Salvador Illa ha puesto en marcha su primer concurso para estas compras de emergencia y exige que los candidatos pongan encima de la mesa experiencia en el suministro del material por el que ofertan. "Se acreditará la relación de los principales suministros, de igual o similar naturaleza, realizados en los últimos tres años incluyendo importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos", recoge el pliego de este megacontrato de dos años con un valor estimado de 2.400 millones.
Sanidad explica a Vozpópuli que estas exigencias pretenden dar "la mayor transparencia posible" al proceso de compras, aplicando "el máximo de requisitos exigidos en la Ley, consiguiendo, a su vez, la máxima celeridad en el proceso de adquisiciones". Unas prisas que, en pleno estado de alarma y con contratos otorgados de forma unilateral, provocaron la llegada de lotes defectuosos para el personal sanitario, como las famosas con 400.000 mascarillas.
El otro requisito que exigirá ahora es que los proveedores sean solventes financieramente. Sanidad pedirá a los candidatos que presenten el volumen de negocio del mejor ejercicio, dentro de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. "El importe que deberán acreditar referido al mejor ejercicio, deberá ser igual o superior a la suma del valor estimado de los lotes en los que participe (impuestos excluidos)", matiza el concurso.
Este examen de las cuentas pretende evitar polémicas como la surgida con el proveedor Value&Bro S.L. una asesoría jurídica de Málaga que en abril recibió un contrato por valor de 4,2 millones de euros de Sanidad a cambio de conseguir una partida de 700.000 hisopos para la detección del coronavirus. Según el Registro Mercantil, al que tuvo acceso este medio a través de la herramienta Insight View, la compañía no contaba con trabajadores y en el último año presentó unos números rojos de 318 euros.
¿Para un segundo brote?
El concurso, valorado en 2.400 millones, se extiende en un año, más otro prorrogable. Por lo tanto, esta cantidad es el máximo que el Estado se podría gastar, contando con la posible prórroga. Se divide en 11 lotes con 3.700 millones de unidades de batas quirúrgicas, guantes de nitrilo, gafas de protección, mascarillas quirúrgicas tipo II y IIR, mascarillas de protección FFP2, mascarillas de protección FFP3, test moleculares COVID-19 (PCR) y kits de extracción.
Los candidatos que se quieran optar a la totalidad o de forma parcial a este contrato público deberán presentar sus credenciales antes del 31 de julio. "La tramitación es de emergencia por lo que los plazos se acortan dado que el objetivo es que, una parte importante del material adjudicado, esté a disposición de los servicios de salud antes de finalizar el mes de septiembre", explican desde el Ministerio de Sanidad.
El objetivo, según define el propio equipo que lidera Salvador Illa, es contar "con una reserva estratégica de estos productos para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse por la COVID-19".
